SAN PEDRO POCHUTLA.- Hace poco más de 20 años, una joven indígena de 19 años originaria de Veracruz, conoció a Andrea N., un hombre italiano de 30 años que la enamoró y con quien decidió vivir en pareja desde entonces en Mazunte, Tonameca.
Muy pronto, la idílica historia de amor se transformó en una pesadilla para ella, pues Andrea comenzó a maltratarla y someterla física, económica, psicológica y sexualmente, hasta devastar su integridad, salud y autoestima.
Dominada económica y patrimonialmente, lejos de su lugar de origen, y con un lazo afectivo solo conservado a través de un hijo en común, la víctima vivió prácticamente como una esclava sexual y alguien a quien Andrea trataba con desprecio, además de utilizarla como trabajadora doméstica y cocinera.
Se recrudece violencia
Aun cuando las agresiones físicas y emocionales eran constantes, fue en el año 2018 cuando Andrea N. escaló al propinar golpizas cada vez más brutales a su concubina. Golpes, azotes, flagelos y todas las formas de violencia imaginables eran infligidos por el agresor, quien ostentando en todo momento un complejo de superioridad y al saber el alto grado de violencia que ejercía, amenazaba de muerte a su pareja para que no lo denunciara.
En el año 2019, Andrea despojó del hogar en común a su pareja. Desesperada, confundida y llena de miedo, la mujer, ahora ya con poco más de 40 años de edad, anduvo de un lado a otro, totalmente desvalorada, en situación de calle, hasta que fue “rescatada” por algunas mujeres solidarias, defensoras de los derechos humanos de la localidad El Mazunte.
Activistas brindan acompañamiento
Las activistas le brindaron apoyo básico de alimentación, además de asesoría psicológica y legal, y forman parte de la Colectiva Resistencia Radical Zacatecas (CRRZ), organización defensora de los derechos de las mujeres con sede en Mazunte, quienes desde entonces dan acompañamiento a la víctima y han registrado el arduo camino que le ha tocado enfrentar en medio de un sistema judicial omiso.
Integrantes de CRRZ, cuentan cómo la afectada decidió interponer una denuncia contra su agresor el pasado 29 de enero en la Vicefiscalía de la Costa, pero ésta se negó a garantizarle medidas de protección a pesar de contar con pruebas documentales y testimoniales. Más aún, la carpeta de investigación quedó “congelada” durante cinco meses de manera inexplicable.
Luego de recuperarse, recobrar un poco de la dignidad perdida y al no recibir respuesta de las autoridades, la víctima decidió regresar al hogar que se le había negado, solo para recuperar sus pertenencias y fue recibida por Andrea con insultos y violencia, hechos que fueron documentados no solo por la afectada, sino también por las mujeres que la han apoyado en su lucha para recobrar su vida.
Agresor demanda a su víctima
Después del hecho, Andrea. N. se atrevió a denunciar a su vez a su concubina y a las mujeres que la acompañaron valientemente a recuperar parte de sus pertenencias, acusándolas por los presuntos delitos de violencia familiar, allanamiento de morada y daños, lo que constituye, según las afectadas, un acto intimidatorio para que cesen con el apoyo hacia la víctima.
Las defensoras explican la incongruencia y dilación de la Fiscalía, quien otorgó medidas de protección a la víctima cinco meses después de interponer su denuncia, mientras que a Andrea se le proporcionaron un día después de la denuncia.
“Lo que nos indigna es que cuando ella (la agraviada) decide por fin levantar una denuncia, comienza otro martirio al no recibir un trato digno de parte de las autoridades de la Fiscalía en Puerto Escondido y Pochutla. Se le ha revictimizado, han puesto los derechos del agresor por encima de los de ella, y han sido cómplices al poner en riesgo la vida de la víctima. También quienes la acompañamos nos sentimos en peligro porque vemos una total impunidad en el caso”, refiere una de las activistas, de quien se omiten sus generales por seguridad.
Andrea N., extranjero que discrimina el país que lo cobijó
La gente que ha conocido a Andrea N. desde que radica en Mazunte, lo describe como un sujeto soberbio, que durante años ha sido apático a los trabajos comunitarios que son propios de la localidad regida por usos y costumbres.
Su condición de extranjero, hombre blanco y con poder económico, le hacen creer que cuenta con una superioridad no solo en su status de vida, sino incluso racial, lo que ha expresado en innumerables ocasiones refiriéndose de manera despectiva y humillante no solo hacia su ex pareja, sino hacia los mexicanos en general, según describen pobladores y las propias defensoras de Mazunte.
“En México ha gozado de impunidad cuando se burla de todos y todas, no solo de la compañera que le dio 20 años de su vida y a quien despojó incluso del amor de su hijo, como siempre amenazó que lo haría (…) siempre haciendo referencia a que los mexicanos somos muy inferiores, que no sabemos nada y que somos unos indios bajados del cerro”, señalan las integrantes de CRRZ, en una publicación compartida en redes sociales sobre el caso.
Activistas, criminalizadas
Actualmente, activistas y agraviada libran una batalla legal en la que se consideran vulneradas y criminalizadas por defender el derecho a una vida digna y sin violencia, y consideran que se les ha obstaculizado su derecho a la justicia.
“El movimiento de activistas de derechos humanos de Mazunte está siendo criminalizado al ser imputadas siendo defensoras, frente al poderío económico de este sujeto (Andrea) quien tiene abogados a su servicio, presenta denuncias como actos incriminatorios y falsea declaraciones incurriendo en un delito”, lamento la asesora legal de la víctima.
