El comisariado de la población de Santa María Yolotepec, Florentino V. J., fue el primer acusado del delito de desplazamiento arbitrario y otros delitos aprobados recientemente por el Congreso de Oaxaca, al ser señalado como presunto responsable de que familias de la comunidad de Buena Vista permanecieran durmiendo en el palacio municipal de Santiago Yosondúa, Tlaxiaco.
La Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, aprobada el 2 de septiembre de 2025, fue aplicada al comisariado de bienes comunales de Santa María Yolotepec, detenido el pasado sábado en Asunción Tlaxiaco. La penalidad establecida por este delito va de 10 a 18 años de prisión.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a través de un comunicado, precisó que Florentino es acusado por el delito de desplazamiento arbitrario y otros ilícitos derivados de un conflicto agrario entre las comunidades de Santa María Yolotepec y Santiago Yosondúa, en la región Mixteca.
De acuerdo con las investigaciones, los primeros hechos ocurrieron el 18 de agosto y se han mantenido de forma constante. El 1 de noviembre de este año, la Vicefiscalía Regional de la Mixteca recibió el reporte de que un grupo de personas armadas ingresó al área en disputa, ubicada en el paraje Buena Vista, así como en terrenos pertenecientes a Santo Domingo Ixcatlán.
Un total de 225 familias de Buena Vista se refugiaron en el palacio municipal de Santiago Yosondúa, luego de que sus viviendas fueran incendiadas.
En el enfrentamiento ocurrido el sábado 1 de noviembre, fallecieron Misael Hernández López, de 35 años, originario de Santa María Yolotepec, y Fernando García Santiago, de 29 años, de Cuajilote, Santiago Yosondúa; ambos perdieron la vida por impactos de arma de fuego durante el conflicto.
Como resultado de las investigaciones ministeriales y los trabajos de campo durante un operativo interinstitucional, se obtuvo una orden de aprehensión emitida por un juez, la cual permitió la detención de Florentino V. J. por el delito de desplazamiento arbitrario y otros delitos. El acusado quedó a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.
Asimismo, la Fiscalía de Oaxaca reafirmó su compromiso de atender los conflictos agrarios desde un enfoque de justicia y mediación institucional, privilegiando el diálogo y la aplicación de la ley para evitar la impunidad y fortalecer la convivencia pacífica en las regiones del estado.
