La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió una recomendación por el presunto abuso sexual de 19 niños y niñas en el centro de educación preescolar “3 de mayo de 1535”, que se ubica en Tijuana.
El organismo documentó y acreditó el abuso sexual en contra de los menores, entre octubre de 2015 y febrero de 2016, por parte del profesor que imparte la materia de ingles en esa institución; así como la violencia psicológica que otra profesora ejerció en contra de las mismas víctimas, y la violación de sus derechos, por parte de la directora e inspectora del lugar.
La CEDHBC detalló que los pequeños fueron sometidos a “tocamientos, desnudos”, y en algunos casos a presenciar tales abusos por parte del maestro.
Añadió que, además de las agresiones sexuales que sufrieron los 19 alumnos, otra profesora intentó intimidar a éstos, así como persuadirlos para que no denunciaran los hechos, mediante la violencia psicológica.
Asimismo, la directora e inspectora del preescolar “3 de mayo de 1535”, fueron acusadas de obstaculizar el proceso de denuncia por parte de las víctimas y de los familiares de éstas, ésta última con el precedente de mantener un parentesco con el presunto abusador sexual, a lo que se le sumó un “conflicto de intereses”.
Por lo que dicha recomendación solicitó al titular de la Secretaría de Educación y Bienestar Social de Baja California, Mario Gerardo Herrera Zárate, que se repare integralmente el daño a las víctimas, lo cual incluye el apoyo con becas; capacitación del personal en materia de prevención de la violencia sexual y abuso sexual infantil escolar.
También se le solicitó a la dependencia estatal que se profundice y avance la investigación correspondiente para brindar justicia a las víctimas, además de promover una campaña de sensibilización sobre el tema en esa entidad.
Asimismo el Sistema Educativo Estatal (SEE) fijó su postura respecto a este caso, a través de su portal, y aseguró que ha dado estricto seguimiento a la situación, por lo que ya se actuó en contra de los agresores.
Además, detalló la SEE, la Contraloría General del estado decretó “medidas cautelares y sanciones administrativas” en contra de los servidores públicos implicados en los hechos.
