Oaxaca.- Sustentados en la opinión favorable del denominado Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los 25 integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), detenidos desde el 7 de junio del año pasado por participar presuntamente en diversos hechos violentos por los que se encuentran a disposición de la autoridad federal, exigen su libertad inmediata.
De acuerdo con la opinión por escrito de la instancia internacional, la detención de los 25 feperristas es arbitraria. En consecuencia, el Grupo de Trabajo solicita al gobierno mexicano liberar de inmediato a los 25 detenidos y repararles el daño causado, de acuerdo con el documento entregado ayer por Analy Peral Vivar, representante de la Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia A.C.
En la opinión por escrito, recibida por Rashy González, defensor especializado en protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, en ausencia del ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimpert, se señala que los 25 miembros del FPR, se encuentran privados de su libertad desde el 7 de junio de 2015, y hasta ahora ninguno de ellos ha sido sentenciado.
En el acto protocolario y en presencia de los representantes de los medios de información, estuvieron presentes Pilar Sanmartín y Tom Hoeck, observadores del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, sin que ninguno expresara una opinión.
Los 25 forman parte de los 86 detenidos el 7 de junio, luego de participar en una marcha convocada por la Sección 22 del SNTE.
El mismo 7 de junio, entre las 19:00 y las 23:00 horas, 61 de los detenidos fueron puestos en libertad y el resto quedó a disposición del Ministerio Público Federal, por el delito de terrorismo, debido al uso de bombas molotov.
Ana Peral Vivar, representante de la Defensoría de los a Derechos Humanos por la Justicia A.C, solicitó al órgano autónomo, inicie una queja en contra la Procuraduría General de la República.
El abogado de los 25 feperristas, Daniel Blas Garcia, aseguró que la defensa de los detenidos se encuentra en la ruta jurídica correcta y es muy probable que en breve abandonen el reclusorio de la Villa de Etla, para retornar con sus familias. Además, el Estado mexicano estaría obligado a repararles el daño causado.
