La demora para publicar las reformas a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, abre la puerta para que el gobernador Alejandro Murat vete la prohibición de la comercialización de bolsas plásticas, desechables, popotes y envases de unicel.
La sospecha la expresó el director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad Oaxaqueña (INSO), Juan José Consejo Dueñas, ante la inconformidad de empresarios e industriales por la medida aprobada en abril.
Lo que está en juego, dijo, es que ha pasado un mes desde que la 64 Legislatura local aprobó está prohibición y que a ese “tortuguismo” se añadan factores como la presión de refresqueros e industriales para que no se publique, o el gobernador decida vetarla o regresarla al Congreso.
“Hay una una posibilidad de que eso pase”, expresó con desconfianza y ante la manifestación pública del sector industrial que ha cuestionado el populismo de la reforma y que los coloca en una postura de maleantes.
“No creo tanto en casualidades”, consideró tras la advertencia de industriales y dirigentes de cámaras empresariales que consideran la posibilidad de ampararse por la entrada en vigor de las reformas para obligar a comerciantes de bolsas plásticas y desechables a elaborar un plan de sustitución.
Prohibir plásticos ligeros, la tendencia
Previo a la aprobación en el Congreso del Estado, municipios como San Bartolo Coyotepec o Oaxaca de Juárez habían tomado acciones para eliminar el uso del unicel, pero el cambio de administraciones municipales impide mantener la disposición.
“Si una prohibición no va acompañada de un reglamento o que se baje a nivel municipal”, es complicado que exista un cambio radical en el uso de los plásticos blandos, expresó Consejo Dueñas.
“Eso está causando preocupación, porque los más afectados son algunos sectores industriales”, además de que los municipios, pero sobre todo el Gobierno del Estado carece de una infraestructura para garantizar que la norma se cumpla.
El pronunciamiento de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación marca “un mal antecedente”, cuando se deberían preocupar por buscar alternativas.
“Si el Ejecutivo la veta se abriría una línea de rechazo, seguramente tiene una gran presión de la industria que busque campañas educativas”, cuando la tendencia mundial va hacia medidas “duras” como la aprobada por el Congreso Local el pasado 10 de abril.
