Para el secretario de Seguridad Pública, José Raymundo Tuñón Jáuregui, los magros resultados de la dependencia a su cargo tienen como origen el déficit presupuestal y del estado de fuerza, aunque se negó insistentemente a informar sobre la cantidad de elementos policiacos que realizan actividades de custodia de funcionarios públicos de alto nivel, empresarios y políticos y los que resguardan domicilios de los mismos.
Al comparecer ante las comisiones unidas de Seguridad y Protección Ciudadana, y de Administración y Procuración de Justicia de la 64 legislatura, afirmó que el presupuesto asignado a la dependencia, que asciende a 1 mil 534 millones 92 mil 365 pesos se distribuye de la siguiente manera: 79 por ciento para el pago de nómina, 19 por ciento para gastos de operación y tan solo el 2 por ciento en gastos de inversión.
Añadió que sobre el estado de fuerza, éste no es suficiente para atender toda la problemática estatal, “tan solo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda un estado de fuerza de 3 elementos por cada 1 mil habitantes; en Oaxaca no hemos alcanzado el promedio nacional de 1.8 que establece la Comisión Nacional de Seguridad, la realidad es que nosotros llegamos solamente al 0.7 elementos con cada 1 mil habitantes, por lo que consideramos que se requiere la contratación de 1 mil 400 nuevos policías”.
Traslado de reos
Para detallar la realidad del número limitado de elementos, explicó que en lo que va del año han realizado 15 mil traslados a juzgados y 34 mil 230 resguardos a recursos de programas federales, lo que representó recorrer 10 mil 684 kilómetros diarios. “Haciendo la analogía, significaría 11 patrullas recorrieran diariamente una distancia de Oaxaca a la Ciudad de México, ida y vuelta”.
Sostuvo que a pesar de estas limitaciones estructurales y a fin de garantizar y preservar la libertad, el orden y la paz pública, han implementado en coordinación con los cuerpos de seguridad municipales y federales 1 mil 445 operativos conjuntos en las ocho regiones del estado.
Sin embargo, Tuñón Jáuregui evitó en todo momento informar sobre los elementos de la policía preventiva comisionados para resguardar la seguridad de funcionarios públicos, políticos y empresarios, así como sus negocios y casas particulares, a pesar de que los diputados presentes en la sesión de diversas formas y maneras le cuestionaron al respecto.
En conferencia de prensa, también respecto a esta situación, se limitó a señalar que “para asignar este tipo de servicios precautorios se atiende un análisis de riesgo, que va fundada y motivada por parte de la Fiscalía General del Estado”.
Un tecio de elementos, trabajo idefinido
-¿Cuántos policías tiene a su mando y cuántos se dedican realmente a la labor de vigilancia?
-Bueno el dato total por lo general y por doctrina me lo reservo, pero traemos aproximadamente un 30 por ciento realizando actividades operativas, un 30 por ciento haciendo uso de otros beneficios y el 30 por ciento restante se van entre personal administrativo, incapacitado o atendiendo medidas cuatelares, conflictos agrarios personal que se encuentran destacamentado, es decir que está fijo y no se puede incorporar a otras acciones preventivas.
El secretario estatal señaló que la inseguridad es un problema que a todos nos afecta, “la realidad sobre ésta, se vive en todo el país y en todas las regiones; en nuestro estado esta realidad no cambia, por ello, es necesaria la participación de los tres poderes del estado en los tres órdenes de gobierno”.
Decisiones con efectos polícos
En una breve clase de política para los diputados, manifestó que si bien es cierto que la seguridad no es para hacer política, no se puede negar que las decisiones que se toman tienen efectos políticos.
“Pero no nos confundamos, la seguridad no puede visualizarse desde una perspectiva de partidos políticos, todos estamos obligados a verlo como un problema que nos afecta por igual”.
