La sobrepoblación penitenciaria es un problema agudizado en Oaxaca. Tras los sismos de septiembre pasado, algunos centros carcelarios sufrieron daño estructural que motivó a la redistribución de internos.
“Estos sismos tuvieron un impacto en los centros penitenciarios, sufrieron daños y en algunos casos tuvieron que cerrar centros pequeños y eso llevó a traslados masivos de internos hacia los centros más cercanos”, afirmó Maissa Hubert Chacón, al presentar los resultados del informe Observatorio de Prisiones realizado por la organización Documenta AC.
Hasta el momento -agregó- no hay cifras precisas de la cantidad de prisiones con daños. Transcurridos los primeros seis meses del sismo, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó a la organización de la sociedad civil que no tenía información al respecto.
“Los dictámenes no existen. Nosotros solicitamos la información a Protección Civil y nos respondieron que no los tenía, eso fue a seis meses del sismo”, expuso.
Lo anterior resulta grave -planteó- porque hay más de 4 mil personas privadas de su libertad en el estado de Oaxaca, más los hijos de las internas, los defensores de oficio y las personas que trabajan y transitan a diario por ellos quienes no tiene información sobre la seguridad estructural.
Sin precisar el nombre, aseguró que la organización civil documentó el traslado de toda una población a otros centros del estado bajo el argumento de cuestiones de seguridad sin embargo la realidad fue que no había un lugar seguro para resguardarla.
Además del hacinamiento el traslado de los reos y personas en proceso de sentencia, otras problemáticas surgidas fueron el entorpecimiento de los procesos y defensas, principalmente de quienes tenían abogado de oficio.
“También tuvo un impacto sobre el acceso a una vida familiar de los internos y a una defensa adecuada. En la mayoría de los casos los defensores trabajan a la distancia”, declaró.
La especialista en el tema señaló que hay un fenómeno de indiferencia ciudadana, incluso de celebrar los asesinatos de internos durante los motines al considerar que al haber cometido un delito merecen la muerte.
“Hay un nivel de discriminación y prejuicios tan altos hacia la población privada de su libertad, que caemos en indiferencia incluso en pensar que es mejor que se maten en los motines a que maten en la calle. Es una situación muy grave y olvidamos que hay personas sin sentencia, que son inocentes o estaban por delito menor”, declaró.
