CIUDAD DE MÉXICO.- En el último tramo del periodo ordinario de sesiones, el PRI optó por ir solo con sus aliados en la agenda legislativa de seguridad.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) impuso ayer su mayoría en la sesión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para rechazar la minuta del Senado para establecer el mando mixto policial, y se alista para validar hoy en la Comisión de Gobernación el dictamen de la Ley de Seguridad Interior.
La minuta, que plantea un esquema de coordinación entre los tres ordenes de gobierno en materia de seguridad pública, acota la intervención federal y define un modelo homologado de certificación policial, fue rechazado 29 votos en contra de PRI, PVEM y PES, 13 a favor del PAN, PRD y MC, y dos abstenciones de Morena.
El PRI y el PVEM habían votado a favor de las reformas constitucionales en el Senado.
"Ese proceso traería una confusa ida y vuelta de recursos materiales y financieros entre órdenes de gobierno, cada vez que una corporación gane o pierda la certificación, volviendo imposible prácticamente la operación policial y la planeación de mediano y largo plazo", argumentó a nombre del PRI, Francisco Escobedo.
El dictamen de la Ley de Seguridad Interior, en tanto, plantea dar a las Fuerzas Armadas atribuciones para intervenir en asuntos de seguridad pública de forma permanente y en cualquier lugar del país, sin la necesidad de que lo solicite una entidad federativa.
"Las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional", indica.
Las acciones para identificar prevenir y atender riesgos a la seguridad interior, añade, serán permanentes y no requerirán de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
Dicha declaratoria será emitida por orden del Presidente de la República o a solicitud de legislaturas locales o de los gobernadores.
