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Rapado y uniformado, niega Núñez Ginez imputaciones en penal

Foto(s): Cortesía
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Rapado y con una camisa color caqui con el número 0655, Rubén Núñez Ginez compareció ayer ante un juez federal y negó haber lavado más de 25 millones de pesos, procedentes de comisiones ilegales que pagaban empresas prestadoras de crédito a los maestros.


Tras rechazar la imputación, el líder de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), decidió no responder preguntas de la PGR y prefirió guardar silencio ante el juez federal Jesús Díaz Guerrero.


"Niego el delito que se me imputa y no haré ninguna declaración más al respecto", dijo Núñez tras una rejilla del Penal Federal de Hermosillo, conectado vía videoconferencia con el Juzgado Octavo de Distrito en Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.


Núñez solicitó duplicar de 72 a 144 horas el término constitucional para que le definan su situación jurídica, por lo que a más tardar el próximo sábado el juez Díaz Guerrero definirá si le abre un juicio por lavado o lo deja en libertad por falta de indicios.


Antes de concluir la audiencia, el dirigente de la CNTE pidió al juez citar a declarar esta misma semana a Rodrigo González Bolaños, director General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien presentó la querella en su contra ante la PGR.


En la diligencia de declaración preparatoria, finiquitada en 45 minutos, Núñez se mostró despreocupado.


Núñez está en la cárcel con base en el mismo expediente por el que Aciel Sibaja Mendoza, ex secretario de Finanzas de la Sección 22, fue detenido el pasado 14 de abril en Oaxaca.


La PGR imputó a una decena de dirigentes de la CNTE cobrar entre 2013 y 2015 una comisión de 3.5 por ciento de las ventas a las empresas que prestaban servicios a los agremiados, con cargo a sus nóminas.


En total, son 25 millones 326 mil 182 pesos los que imputan a los dirigentes magisteriales haber adquirido y administrado en forma ilícita. La acusación sólo se basa en la querella de la UIF.

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