La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) editó en Mixteco, de la Sierra Norte, y Mixe, un documento para prevenir delitos electorales en comunidades y pueblos indígenas.
A través de dibujos y en lengua zapoteca y mixe, se informa a los ciudadanos de la Sierra Norte y la Zona Mixe que es un delito electoral organizar la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto.
Los cuadernillos que se realizaron con el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), precisan también que es un delito electoral que un servidor público condicione un servicio o programa social a cambio del voto o la abstención del mismo.
Así como que retener una o más credenciales para votar, durante la jornada electoral y sin causa legal, es un delito electoral.
En todos los casos las dependencias federales exhortan a los ciudadanos a denunciar estas prácticas a teléfono 01 800 833 72 33, de la Fepade.
El cuadernillo forma parte de los trabajos conjuntos de la CDI y la Fepade para prevenir la comisión de los delitos electorales y fomentar la participación ciudadana.Para la Fepade los grupos indígenas son los más vulnerables para que a cambio de su voto puedan recibir alguna despensa, así como que su inscripción o permanencia a los programas sociales esté condicionado a su sufragio en favor del representante de un partido político en específico.
Entre los delitos electorales más comunes se encuentran: recoger en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos; organizar una reunión o el transporte para llevarte a votar y te digan por quién votar; que los servidores públicos condicionen la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones,
permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.
También que los servidores públicos coaccionen, induzcan o amenacen a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por una opción dentro de la consulta popular; o que alteren los resultados electorales, sustraigan o destruyan boletas, documentos o materiales electorales.
