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Piden sancionar a las autoridades que no integren el Consejo Municipal de Protección Civil

Foto(s): Cortesía
Luis Ignacio Velásquez

La legisladora por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Juana Aguilar Espinoza, presentó una iniciativa de reforma al artículo 46 de la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres para el Estado de Oaxaca, con el objetivo de sancionar a las autoridades que no integren el Consejo Municipal de Protección Civil. Sobre todo, porque hasta la fecha 225 municipios no cuentan con este importante órgano colegiado.


La iniciativa presentada señala que la participación de los municipios en materia de protección civil es fundamental, ya que constituyen la primera acción para proteger a las personas y la comunidad ante la eventualidad de riesgos, emergencias o desastres, provocados por agentes naturales o humanos, a través de acciones que eliminen o reduzcan la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva y de los servicios públicos, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de los servicios vitales y estratégicos de la sociedad, en el ámbito del municipio respectivo.


Conflictos sociales


La propuesta establece que ante la importancia que tienen las acciones y los órganos por parte de los municipios resulta fundamental que estos organismos municipales se encuentren integrados y en operación; sin embargo, debido a las condiciones sociales y demográficas de la entidad oaxaqueña, dichas acciones no pueden llevarse a cabo debido a conflictos sociales o por la falta de recursos en aquellos municipios que tienen una población menor a 20 mil habitantes o que se rigen por sistemas normativos internos.


Al respecto, la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca (Cepco) ha reconocido que hasta el 18 de junio del 2021 solamente 345 de los 570 municipios han integrado sus consejos municipales, lo cual representa un 61 por ciento de avance.


Por último, destaca que la falta de dichos órganos no sólo constituye una omisión legal, sino que es un riesgo latente para los ciudadanos de dichos municipios, ya que al no existir los programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento de las instituciones de protección civil, no existen acciones para la gestión integral del riesgo.

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