Oaxaca se encendió como foco rojo por violencia armada. Después de Guanajuato, Nuevo León, y Michoacán registra el mayor porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego de enero a abril de 2019.
Las más recientes cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), detallan que en ese lapso en Oaxaca la Fiscalía General de Justicia abrió 294 carpetas de investigaciones por homicidios dolosos, de los cuales 238 fueron ejecutados con arma de fuego, es decir el 80.9 por ciento.
En esta realidad que vive el estado, el estudio Seguridad Pública y Justicia en Oaxaca. Políticas inconclusas para una entidad en conflicto, elaborado por Rogelio Salgado Carrasco, ubica los conflictos sociopolíticos y los grupos delictivos vinculados al tráfico de drogas, como dos de los principales factores que explican el crecimiento de esta problemática.
Por un lado, señala bajo cita de un análisis realizado por Eduardo Guerrero, analista en seguridad pública; entre 2013 y 2016, en el estado se registró un incremento muy importante de eventos de protesta, los cuales muestran una relación significativa con el número de homicidios en el mismo periodo.
Asimismo -añade- en un análisis cualitativo de los asesinatos de alto perfil, destaca que las principales víctimas son “activistas, dirigentes de organizaciones y líderes sociales”, y que la principal motivación de estos delitos es política.
Narco
Por otro lado -plantea- “la operación de grupos delictivos vinculados al tráfico de drogas también juega un papel importante. Apoyado en reportes hemerográficos de un medio nacional, señala que en los últimos años Oaxaca ha experimentado un aumento gradual en la proporción de estos casos. Las regiones más afectadas por este tipo de violencia son la Cuenca del Papaloapan, el Istmo y la Costa.
Su afirmación la sustenta con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) las cuales muestran que mientras que en 2011 solo el 16 por ciento tenían relación con el crimen organizado, en 2015 estos aumentaron a 39 por ciento.
“Aunque para 2016 la cifra disminuyó levemente, el riesgo de que el fenómeno pueda agravarse en un futuro permanece latente, pues las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia en la entidad son muy limitadas”.
