La escalada de violencia pandillera, que ayer incluyó un atentado explosivo en el que dos policías resultaron heridos, ocurre a pocas semanas de que asuma el presidente electo Nayib Bukele, el próximo 1 de junio.
"Con base en esa violencia, los grupos delincuenciales buscan presionar para negociar una especie de indeseable tregua con el gobierno", declaró el profesor universitario Roberto Cañas.
El domingo, dos policías y tres efectivos del Ejército que se encontraban de licencia fueron asesinados por presuntos pandilleros en diferentes puntos del país.
"No hay nada que negociar con grupos de delincuentes, en toda sociedad la persona que comete un delito hay que capturarla y procesarla", subrayó Cañas.
Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, las más numerosas y violentas de El Salvador, viven de las extorsiones, venta de droga y otros delitos, y tienen unos 70.000 miembros, de los cuales 16.400 están encarcelados.
El gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014), quien actualmente enfrenta cargos por corrupción, facilitó en 2012 una tregua entre pandillas, lo que propició una fuerte reducción de los homicidios. El pacto se rompió pocos meses después.
Con esa tregua, las pandillas gozaron de un ambiente de seguridad flexible en las cárceles y calles, con lo cual se fortalecieron.
El año pasado, El Salvador registró 3.340 homicidios, 15% menos que en 2017, aunque su tasa de 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes lo mantiene como uno de los países sin guerra más violentos del mundo.
Por su parte, el presidente electo, Nayib Bukele, urgió al gobierno actual a "hacer algo" de inmediato para evitar los atentados, a la vez adelantó que una vez asuma funciones impulsará iniciativas.
"Tendremos que hacer un acuerdo nacional, con todos los sectores, si queremos salir del problema más grande (violencia criminal) que tenemos en nuestro país", escribió en Twitter.
