El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca demandó a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación exhaustiva, imparcial y pronta que permita identificar a los responsables intelectuales y materiales de la financiación y de la operación del malvare de espionaje Pegasus a su directora adjunta Yésica Sánchez Maya.
La directora general de la organización, Ana María Hernández Cárdenas dijo que la reciente investigación “Pegasus Project”, desarrollada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional, reveló la potencial infección de al menos 15 mil números telefónicos mexicanos, ellos, los pertenecientes a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Expresó que esta información confirma y amplía los hallazgos de la investigación conocida como “Gobierno Espía” publicada en el 2017, donde se dio a conocer el uso de Pegasus y espionaje por parte del gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto.
Expuso que el espionaje orquestado en la administración de Peña Nieto se suma a infinidad de prácticas autoritarias, de criminalización y de represión brutal contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas durante todo el sexenio.
Destacó que estas prácticas se dieron en todo el país y se propagaron hasta Oaxaca, por las detenciones arbitrarias de al menos 141 personas defensoras de derechos humanos entre diciembre de 2012 a diciembre de 2018, así como de integrantes del movimiento magisterial quienes se oponía a la reforma educativa.
De esta manera, resaltó que es de alta gravedad la inclusión de Sánchez Maya en la lista de 109 personas defensoras infectadas por el malware Pegasus, porque la labor de la organización conlleva una serie de contactos con víctimas, personas defensoras e integrantes del movimiento social en todo el estado.
Por eso, subrayó que el ataque en su contra es un ataque y una vulneración de la información y datos personales no solo de sus familiares y amistades, sino de amplios sectores de los movimientos sociales y víctimas en Oaxaca.
Mencionó que este ataque no es un hecho aislado, pues se dio en un contexto de constantes ataques a la organización durante el sexenio de Peña Nieto, donde quedó documentado el constante hostigamiento, vigilancia, incidentes con los equipos telefónicos y de computo, difamaciones y ocho allanamientos, tanto a la sede, como a domicilios particulares de sus integrantes.
Ante esto, requirió a la FGR desarrollar una investigación para identificar a los responsables y garantizar el castigo no solo a las empresas que vendieron el malware, sino a todos los funcionarios de las diversas instancias de gobierno que adquirieron y usaron Pegasus.
Hernández Cárdenas dijo que la trascendencia del caso obliga a la toma de medidas prontas, contundentes y extraordinarias, para garantizar el acceso a la justicia a todas las víctimas, así como a la no repetición de estas graves vulneraciones a los derechos humanos.
La lista
15,000 números telefónicos mexicanos infectados
109 personas defensoras infectadas por el malware Pegasus
