Sin contar con datos concretos que permitan identificar a la población indígena en prisión y otorgando, por el contrario, información escasa y contradictoria, el Gobierno del Estado no tiene brújula alguna para garantizar los derechos de las personas indígenas privadas de su libertad.
El informe Entre la libertad y la justicia. Cómo garantizar los derechos de las personas indígenas en conflicto con la ley penal en Chiapas y Oaxaca publicado por la asociación civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsíLegal) exhibe la deficiencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca para coordinar información sobre los reos indigenas en la entidad.
"Detectamos fuertes problemas en la identificación de la población indígena, que desencadena en una falta de confiabilidad de los datos recabados por medio de las solicitudes de acceso a la información; a su vez, ello obstaculiza la labor de las organizaciones de la sociedad civil en términos de generar diagnósticos y propuestas de política pública" , refiere el documento.
La investigación explica que los datos de la SSPO son contradictorios.
Mientras que en 2017, la dependencia otorgó datos concernientes a deducir que más del 97% de las personas indígenas privadas de libertad en Oaxaca se encuentra en prisión preventiva, para julio del 2018 los datos refirieron que el porcentaje es del 48%.
Cuando AsiLegal pidió información sobre el margen de diferencia, la dependencia argumentó que la aplicaciṕn de medidas cautelares, la sentencia pronta y oportuna; la preliberación; la remisión parcial de la pena y libertades anticipadas, son algunos de los beneficios que se han aplicado por la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio.
"La respuesta no aclara la duda, ya que una variación tan grande no es posible, en términos estadísticos por más que hayan cambiado las prácticas del poder judicial" concluyeron los expertos.
Por otra parte, AsíLegal señala que los datos de 2016 y 2017 otorgados por la SSPO no concuerdan con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pues en el 2016 el 43.8% de las personas indígenas entrevistadas por el Inegi se encontraba procesadas.
"En términos absolutos, se encuentra en la base de datos de la ENPOL un total de 305 personas hablantes de alguna lengua indígena sentenciadas (considerando que el INEGI solamente entrevistó, en promedio, entre un tercio y la mitad de la población, esto implica que en realidad son más)", refiere el documento.
