La prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua en 300 cuencas del país, que concentran 55 por ciento de lagos y ríos, se levantó con los decretos de reservas de agua publicados hace 10 días por el gobierno federal.
Esto llevará a que el líquido sea concesionado hasta por 50 años a la industria minera, el fracking y la extracción de hidrocarburos, ya que gran parte de esas cuencas coinciden con los sitios donde se prevén esas actividades.
Esta medida favorece el uso doméstico y público urbano del recurso para que los gobiernos locales, que concesionan el servicio de agua potable lo cedan a las empresas privadas, como ya ocurre en Veracruz, Puebla, Saltillo y otros municipios. Miles de núcleos agrarios están en riesgo de perder sus permisos y preparan amparos, informaron expertos de la coalición Agua para todos.
Aunque organizaciones, académicos y legisladores de oposición evitaron que en esta administración saliera adelante la iniciativa oficial de la ley General de Aguas, que preveía trasvases y la privatización del líquido, ahora con estos decretos publicados el 5 de junio se eliminan las vedas vigentes por varias décadas y se hace la asignación de grandes volúmenes a las comisiones locales de líquido, varias de ellas bajo control privado, sostuvo en un análisis de los documentos, un grupo de expertos del programa de Investigación para la sustentabilidad de la UAM e integrantes de la coalición arriba citada.
En nombre de la conservación, se levantaron vedas en la mitad del país y se favorecen los trasvases del recurso, que implican llevarlo de una región a otra, como en el sistema Cutzamala, que lo lleva del estado de México a Ciudad de México. Los proyectos Monterrey VI, que preven conducir líquido del Pánuco a la capital de Nuevo León, y el Zapotillo, que distribuye agua de Jalisco a Guanajuato.
