Es una tarea fundamental reconstruir ante la sociedad, la legitimidad y confianza de las actuaciones de los diferentes cuerpos de seguridad, como medida emergente para satisfacer el derecho de las personas a la seguridad pública y la justicia, aseguró el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla.
El ombudsperson sostuvo que el Estado necesita contar con instituciones fuertes para atender los fenómenos sociales, porque la violencia o conflictividad social representan uno de los mayores retos para las sociedades modernas.
“No se debe regresar a los tiempos en que las personas tenían que hacerse justicia por propia mano, cuando existen en la actualidad instituciones que cumplen con esta función”, anotó.
Explicó que las sociedades modernas han creado las figuras de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para atender cualquier agravio en contra de algún integrante de la comunidad por las autoridades correspondientes.
No obstante, subrayó que una de las problemáticas identificadas ha sido la extralimitación de las funciones de estos cuerpos de seguridad o bien, cuando dejan cumplir las disposiciones de la Ley.
“Existen diferentes instrumentos de medición que dan cuenta que en México la confianza hacia estas instituciones de procuración de justicia y elementos de seguridad es más bien mínima”, señaló.
Uso desproporcionado de la fuerza
De hecho, destacó que una gran parte de las quejas recibidas por la DDHPO están en relación con la actuación de la autoridad municipal, particularmente con los policías municipales.
Detalló que entre mayo de 2020 y mayo de 2021, se han documentado 312 investigaciones relacionadas con uso desproporcionado de la fuerza por parte de policías municipales e incluso, se tiene registro de cinco homicidios, donde se registró la intervención directa de estos servidores públicos.
Por eso, resaltó que resulta indispensable desarrollar cinco acciones para fortalecer el ejercicio de los cuerpos de seguridad pública, entre esto, afianzar el principio de legalidad para obligar las corporaciones a actuar en el marco de la ley, el uso de la fuerza estrictamente necesario, el principio de proporcionalidad, el principio de rendición de cuentas y las condiciones adecuadas laborales.
Rodríguez Alamilla dijo que la capacitación permanente para los servidores públicos de los cuerpos policiales, a través de procesos formativos, resulta importante porque así podrán estar al día en materia de derechos humanos y bajo una condición de justicia en términos laborales.
