El director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, advirtió que 2017 podría ser el año más violento en la historia de México, tras incrementarse de manera alarmante los índices delictivos y, ante las condiciones que guardan las áreas encargadas de la seguridad e impartición de justicia.
En su visita a Oaxaca para encabezar, junto con el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, el Conversatorio sobre Seguridad y Procuración de Justicia, realizado ayer lunes; Rivas Rodríguez afirmó que ante el flagelo delictivo que azota al país, es urgente la revisión y reestructuración organizacional de las áreas responsables del tema.
Informó que la organización que representa advirtió el crecimiento de la tasa delictiva en el estado desde el relevo de la administración gubernamental, y hoy se demuestra que Oaxaca no quedó exento de la crisis de seguridad, dada la descomposición social que pone en riesgo la paz en el territorio nacional.
Top ten
Sin precisar cifras, Rivas Rodríguez observó que 10 son los delitos de alto impacto que se registran actualmente con mayor incidencia tanto en Oaxaca como en la mayoría de los estados de la República Mexicana, entre ellos, homicidio doloso, secuestro, homicidio culposo, muertes violentas de mujeres, extorsión, delitos sexuales y robo a vehículo, además de robos a casa habitación, a negocio, a transeúntes, transgresiones a las que da seguimiento el Observatorio Nacional.
Agregó que por ello, el grupo que encabeza tiene la firme intención de colaborar con la Fiscalía General del Estado, para crear un plan específico de ayuda que permita identificar las debilidades de operación de esa entidad de gobierno y comenzar a trabajar en las mejoras puntuales y oportunas en favor de la seguridad social.
Aclaró que el trabajo del ONC se realiza con recursos propios, lo que garantiza que los resultados del análisis sean totalmente objetivos toda vez que no reciben financiamiento oficial que comprometa a la organización.
Destacó, que el análisis a la Fiscalía General permitiría identificar las deficiencias en todas las áreas que la conforman, la eficacia o no en la aplicación de los recursos, así como definir las estrategias correctas y ubicar aliados en otras instituciones de gobierno, organizaciones privadas y empresarios.
Como ejemplo del avance que se ha logrado gracias a la participación del Observatorio Nacional, mencionó el lanzamiento próximo de un sistema de gestión para la búsqueda de personas desaparecidas, que también se estará probando en Chihuahua, donde además se logró crear un importante vinculo de colaboración con los estados de Sonora, Durango, Coahuila y Veracruz para facilitar la búsqueda.
Salarios y capacitación
Un tema más donde incide la agrupación que dirige, es el de prestaciones o salarios, la capacitación y desarrollo policial, así como la dignificación de la tarea que realizan las corporaciones.
“Nosotros desde hace mucho hemos insistido en que antes de reformar una ley, debemos tratar que la vigente funcione, es una realidad que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobada en 2009, se ha quedado solo en aspiración, pues cuando volteamos a ver a las policías de gran parte del país, las topamos en condiciones lamentables”, expuso.
Ejemplificó los casos de profesionalización y aplicación de los exámenes de control y confianza, los cuales dijo, en el mejor de los casos los elementos policiales los pasan de “panzaso”, aunque en realidad en la mayoría los reprueban.
Abundó que, aunque existen excepciones como las que se presentan en Querétaro o Guanajuato, en la mayor parte del país las corporaciones policiales carecen de lo elemental para desempeñar sus encargos, situación que también se observa en las procuradurías y fiscalías.
“Siempre pedimos a la autoridad que cumpla, pero no se ha hecho nada para cubrir sus condiciones y necesidades, lo que debería hacerse además es una revisión puntual a los recursos federales destinados al tema de seguridad, pues en la última década se han gastado millones de pesos que no se ven reflejados en mejoras”, acusó.
Estancamiento de la justicia
La corrupción, la improvisación, el desconocimiento, la apatía e incluso la irresponsabilidad de algunas autoridades han provocado un estancamiento en la impartición de justicia, el crecimiento en actos de corrupción y el deterioro de la imagen de las corporaciones policiales, lo que incentiva el aumento de delitos, señaló Francisco Rivas Rodríguez.
Las carencias en equipamiento, recursos, los bajos salarios e incluso las condiciones humillantes en que operan policías, ministerios públicos, peritos y en general quienes laboran en áreas encargadas del resguardo ciudadano y la procuración de justicia son elementos que debilitan el quehacer y que en los últimos 12 meses ha provocado que 28 entidades del país, entre ellas las que antes se caracterizaban por ser zonas altamente seguras padezcan de inseguridad, concluyó Rivas Rodríguez.
En e Conversatorio organizado por la Fiscalía General de Oaxaca participaron representantes de la sociedad civil, empresarios y autoridades municipales.
