Una larga lista de daños al medio ambiente registrados en el estado de Oaxaca y que dañan a territorio y habitante se encuentra en el olvido y la indiferencia gubernamental. Tan sólo durante el 2018 se presentaron dos eventos graves, uno ocasionado por la empresa productiva del estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y otro por la minera Cuzcatlán, que hasta el momento no han sido resarcidos ni sancionados. Mientras tanto, las poblaciones afectadas padecen los efectos secundarios y principales a casua de las afectaciones.
Magdalena Ocotlán es sólo un ejemplo de la afectación y de la violación al derecho humano de acceso al agua. El 8 de octubre de 2018 el derrame de la presa de jales de la minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, establecida en San José del Progreso, contaminó sus fuentes de abasto.
Las lluvias registradas en esas fechas desbordaron el contenedor de materiales pesados de la minera y los derrames dañinos fueron arrastrados hacia el río El Coyote así como a las ollas que alimentan el pozo de agua potable que surte a la población conformada por más de 2 mil 500 habitantes.
A cuatro meses de la contaminación, la Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) , se mantienen omisas. La minera continúa operando y la población sin agua para beber.
Privan a pobladores del derecho al agua
Con el sol, la olla de almacenamiento despide un ligero olor fétido. La orilla del retén está marcada por una nata blanquecina que, con el paso de los días, se fue asentando. Si el agua está contaminada o no, nadie lo sabe. Cada una de las instancias gubernamentales tomó muestras. La Profepa se comprometió a dar los resultados en un lapso de 12 días, aquello no ha ocurrido.
En su momento la Profepa informó haber recogido un total de 12 muestras de suelo en 12 puntos a lo largo de 4.5 kilómetros de longitud sobre el cauce del arroyo denominado El Coyote.
La Profepa advirtió que, en caso de que se acreditara contaminación de suelo con motivo del desborde y escurrimiento de agua con lodos y finos de jales mineros, se aplicarían las acciones y sanciones a los responsables y que conforme a derecho procedan. Hasta el momento nada ha sucedido.
Las quejas se han extendido a la comunidad afectada. “Es indignante que a estas alturas después de cuatro meses las autoridades no han tomado cartas en el asunto para informarnos de que la contaminación sigue presente en nuestra olla de agua la cual filtra al pozo de agua potable que hay en la comunidad”, reprocha Natalia Méndez Vázquez representante del comité de agua potable.
Prohiben beber el agua, no dan alternativas
Como consecuencia de la posible contaminación al pozo que suministra a la población, 200 familias usuarias, la autoridad municipal determinó prohibir su uso para consumo humano sin dar opciones a los sedientos vecinos. Al inicio el total de la población restringió su ingesta, al paso de los meses un 20 por ciento de la población no tuvo más alternativa que arriesgarse a consumirla debido a la incapacidad económica para abastecerse con garrafones.
Semanalmente María García y su familia gasta 100 pesos en la compra de agua de garrafones, sin embargo, cuando el dinero es insuficiente “nos arriesgamos a tomar del pozo aún a sabiendas que podemos enfermarnos”. La agricultura y la artesanía son sus únicas fuentes de ingresos en la comunidad, con ello los afectados no logran cubrir sus necesidades básicas. El temor a futuro es que aparezcan enfermedades como el cáncer.
El pasado 8 de enero, en asamblea la población de Magdalena Ocotlán acordó insistir en las demandas que la Profepa, Semarnat y Conagua, dejaron archivadas con el cambio de gobierno.
Exigen retiro de la empresa
Rubén Sánchez, regidor de Hacienda, señaló que debido a las consecuencias futuras al medio ambiente y a la salud, lucharán para que la minera sea retirada del lugar.
Constantes derrames de Pemex sin resarcimiento del daño
Así como en el caso de Magdalena Ocotlán, los constantes derrames de Petróleos Mexicanos (Pemex) se mantienen sin sanción y sin reparación del daño.
Daños a mantos salineros
A finales de diciembre unos 150 productores que pertenecen a la Sociedad Cooperativa productora de sal costa de Marqués, originarios de la comunidad Salinas del Marqués, agencia municipal de Salina Cruz, se manifestaron frente a la Terminal Marítima para exigir a Petróleos Mexicanos (Pemex) cumpliera con el dictamen emitido por la Procuraduría General de República (PGR) que manifestó la responsabilidad de la empresa productora del estado en la contaminación de los mantos salineros a causa de un derrame en el 2017.
El dictamen de la PGR emitido en febrero pasado indicó que después de una revisión ocular e inspección detallada encontró residuos de hidrocarburo en el manto salinero de 246 hectáreas a causa de una fuga de la Monoboya número tres de Pemex ocurrido el 7 de septiembre de 2017 pasado a causa del terremoto y que afectó la producción salinera en un 70 por ciento que equivale a 10 mil toneladas de sal con una pérdida económica de 12 millones de pesos.
Sin ser acciones menores, la Profepa sólo se remitió al rescate de tortugas, la atención del varamiento de un ballenato, aseguramiento de orquídeas, rescate de un ocelote, pero no realizó acciones en contra de grandes empresas que han ocasionado daños importantes al medio ambiente y las localidades que las rodean.
