En el primer semestre del 2014 Oaxaca registró la cifra récord de verificaciones vehiculares con 118 mil en el primer semestre, pero en el mismo periodo de los años siguientes disminuyeron más del 60 por ciento.
En 2019 sólo 44 mil 171 propietarios acudieron a la verificación del primer semestre, apenas el 18 por ciento de los 242 mil automovilistas que pagaron derechos vehiculares en ese año. Para el segundo semestre la cifra disminuyó un 67 por ciento, ya que sólo acudieron 16 mil 372 personas a verificar su vehículo.
Ni esa cifra, que es la más elevada en diez años que reporta el diagnóstico del Programa de Verificación Vehicular, representa el 20 por ciento de los 665 mil 332 vehículos de motor que al 2018 reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La presidenta del Comité Técnico de Cambio Climático, Tzinia Carranza, encuentra en la falta de obligatoriedad de la verificación vehicular y el desinterés de las autoridades gubernamentales los pésimos números de un programa que no demuestra su eficiencia.
Firma e incumple
Cabe recordar que en septiembre del año pasado el gobernador Alejandro Murat firmó en Nueva york la Declaración de Santa Fe como parte de la Cumbre sobre la Acción Climática 2019 que organizó la Organización de las Naciones Unidas.
En ese acto el mandatario acordó enfrentar los retos por el calentamiento global.
Las emisiones de gases de fuente invernadero son la primera fuente de contaminación ambiental en Oaxaca y los gases contaminantes que generan los vehículos de motor “se equiparan a las emisiones que emite la Refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz”.
“El gobernador firmó el acuerdo de Santa Fe y se comprometió a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero; sin embargo, no se llevan a cabo acciones necesarias”, analiza Tzinia Carranza.
Conveniencias
Como el gobierno cobra por adelantado lo correspondiente a la verificación vehicular del primer semestre “acuda o no el propietario de un vehículo a un verificentro”, queda claro que a las autoridades les conviene que no se realice el proceso.
“Por eso no hay disposición de volverlo obligatorio, es una situación que tienen que ver con otros intereses”, criticó, además de recordar que es el transporte público el sector que más contamina.
Lo que ni autoridades ni ciudadanía quieren ver es que al no regularse las emisiones que contaminan el ambiente es que el índice de la calidad del aire que se respira es cada vez más deficiente.
