El Congreso exhortó al vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Oaxaca del Instituto Nacional Electoral (INE), Edgar Humberto Arias Alba, para que a través de las juntas distritales federales con sede en la entidad garantice y cumpla con la instalación del ciento por ciento de las mesas receptoras en la entidad para la consulta pública del próximo domingo 1 de agosto, de acuerdo al procedimiento emitido por el INE.
Asimismo, solicitó al titular de la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Heliodoro Díaz Escárraga para que emprendan acciones de prevención, protección y seguridad para las personas que fungirán como observadores electorales, así como a toda la ciudadanía del estado, que participará en este ejercicio de participación ciudadana.
La proposición con punto de acuerdo aprobada como de urgente y obvia resolución, establece que el 28 de octubre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expide la convocatoria de consulta popular, con fundamento a lo establecido por los artículos 35, fracción VIII, apartado 1º y 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26, fracción VI, de la Ley Federal de Consulta Popular, en la que se convoca a los ciudadanos de la República Mexicana para que emitan su opinión en el proceso de consulta popular sobre “las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”, la cual se llevará a cabo el próximo domingo.
Blindaje para garantizar opiniones
Señala que el proceso electoral 2021 fue el más violento contra las mujeres, además dejó 910 agresiones contra políticos y candidatos, de los cuales 78 ocurrieron en Oaxaca; y fue el segundo con más homicidios desde el 2000.
Añade que, por esta razón, las autoridades electorales federales y estatales, así como las responsables de la seguridad pública, deben coadyuvar en el blindaje para garantizar las opiniones en la consulta popular convocada por el Congreso de la Unión; además de establecer protocolos territoriales especializados, según el nivel de violencia política, incidencia delictiva y riesgos detectados para el proceso de la consulta popular.
Manifiesta que todo esto debe ser así, para detectar amenazas de riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y estar en condiciones de sancionar las acciones de personajes, partidos, entes gubernamentales o no gubernamentales que violenten o pongan en riesgo la vida de los ciudadanos y personas servidoras públicas, sobre todo del ámbito municipal.
“La democracia y el desarrollo de las opiniones en la consulta popular en curso no pueden verse empañados por la violencia criminal o por falta de mesas receptoras en donde la ciudadanía pueda emitir su respuesta y, por ello, es necesario que se realicen acciones concretas para enfrentar la situación que se presenta y garantizar que el proceso de la consulta popular se desarrolle con total normalidad y bajo las más estrictas medidas de seguridad”.
“La democracia y el desarrollo de las opiniones en la consulta popular en curso no pueden verse empañados por la violencia criminal o por falta de mesas receptoras en donde la ciudadanía pueda emitir su respuesta (...)".,
El exhorto.
