La nueva Ley General de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil cambiará sustancialmente la política pública en la materia, de reaccionar únicamente al desastre para empezar a conocer el origen y naturaleza de los riesgos, así como los procesos de su construcción social a fin de emprender acciones y mecanismos para la mitigación de los mismos de una forma preventiva, afirmó el diputado federal Azael Santiago Chepi.
El legislador oaxaqueño integrante de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la 64 legislatura federal, manifestó que México históricamente ha tenido la ocurrencia de un sinnúmero de desastres, por su situación geográfica y el cambio climático.
“Generalmente las consecuencias son devastadoras, derivado de los altos niveles de vulnerabilidad, marginación y pobreza, aunado al ciclo de políticas públicas fallidas, con altos costos para mitigar la emergencia, más no para prevenirlas”.
Sostuvo que con la aprobación de la nueva ley, se cambia la visión de la protección civil como un proceso solo de reacción ante la emergencia.
“Ahora se plantea, la gestión integral de riesgos como una política de Estado, en la que la coordinación de todas las autoridades, la sociedad civil, los voluntarios y la ciudadanía, asumimos la necesidad de comprender mejor los riesgos en todas sus dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y características de las amenazas, el fortalecimiento de la conducción de los procesos, incluida la rendición de cuentas”.
Reconoce a pueblos indígenas y afromexicanos
Aseveró que la nueva disposición es de vanguardia y novedosa, ya que toma en cuenta acciones dirigidas a la reducción, previsión y control permanente de los desastres, integrando perspectivas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial sostenibles.
“La aprobación de este dictamen robustece los mecanismos de protección civil nacional, con especial énfasis en la identificación del riesgo, la previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción ante la presencia de desastres”
Aseveró que la iniciativa reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, determinando la obligatoriedad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en que las acciones políticas públicas y programas sean con pleno respeto, protección y garantía de los derechos humanos y dignidad de las personas, a fin de lograr de manera progresiva su plena efectividad, tomando en consideración una perspectiva intercultural, de género, sustentable, etaria, inclusiva de accesibilidad y diseño universal para protección de las personas.
