La Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por el delito de crueldad animal y la agonía, contra un taxista que amarró a una perrita al vehículo y la arrastró por la carretera; la dependencia también ha advertido que podría revocar la concesión del taxi al propietario del automóvil.
La actuación de la Secretaría, a cargo actualmente de Francisco García López, no ha sido de la misma manera cuando los conductores de camiones o vehículos del transporte público atropellan y matan a un peatón.
De acuerdo con la organización Movimiento Vial (Movial) sostiene que estas muertes quedan en la impunidad pese a que en todos los casos la Sevitra sabe “perfectamente bien”, que el responsable es el concesionario de la unidad.
Las estimaciones de la agrupación civil señalan que en los últimos 10 años, más de 150 personas murieron víctimas de accidentes en el que los responsables son chóferes del transporte público de pasajeros en el estado.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con datos al año 2015, señala que vehículos del transporte público de pasajeros del estado de Oaxaca son responsables de 312 atropellamientos de personas en los últimos seis – del 2010 al 2015 –, distribuidos en 153 por camionetas de pasajeros, 155 por camiones urbanos de pasajeros y cuatro por microbuses.
En estos seis años, según el INEGI, 63 personas murieron víctimas de atropellamiento y un mil 473 resultaron heridas – el INEGI no precisa si en todos los casos están involucrados choferes o concesionarios del transporte público de pasajeros –.
Para Movial, los responsables de estos accidentes y muertes son los concesionarios para la prestación del servicio del transporte público en el estado y dueños de estos camiones. El secretario técnico de esta organización civil, Fortino Torrentera explica que aunque este no condujera el vehículo, es el dueño de la concesión y de la unidad.
Es decir, las concesiones para la prestación de este servicio son propiedad de la nación; pero por su incapacidad para otorgarla en las entidades, transfiere esta facultad a los gobiernos de los estados.
Estas concesiones, al ser propiedad del Estado, se dan exclusivamente a personas que se comprometen a prestar al servicio, para que la trabaje el concesionario y no para que contrate un chofer.
Hasta ahora, como en el caso de la perrita arrastrada por un taxi, la Sevitra no ha interpuesto denuncias contra los concesionarios ni ha lanzado advertencias en las que amague con revocar las concesiones a sus beneficiarios.
