Éste 25 de enero se formalizó la prohibición del uso de "Jammers" o tambien conocidos como bloqueadores de celulares, los cuales anulan las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen.
Las penas hacia la violación de la norma van de 12 a 15 años y de 15 a 18 años si el delito lo comete un servidor público.
De acuerdo con Excélsior, los únicos exentos de este decreto por el que se adicionan el artículo 190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el artículo 168 ter al Código Penal Federal, serán los centros de readaptación social.
La Secretaría de Comunicaciónes y Transportes menciona que se otorga un lapso de 30 días para que aquellos particulares que posean estos dispositivos los entreguen a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los destruyan o excluyan del país.
“Se podrá instruir la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación para el uso y operación por parte de las autoridades encargadas de los centros de reinserción social, establecimientos penitenciarios o centro de internamiento para menores”.
