Este día el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) deberá pagar una multa de 40 millones 933 mil 568 pesos y no podrá transmitir propaganda política o electoral en tiempo federal asignado por espacio de un año a partir del mes de agosto entrante, esto por realizar una campaña publicitaria desplegada a través de la participación de 104 influencers el día de la jornada electoral del pasado 6 de junio.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó la sanción luego de acreditar que los influencers fueron contratados por el partido a través de empresas y que se trató de una campaña propagandística con el objetivo de influir en el ánimo de los electores a favor del PVEM en plena veda electoral en el país.
La consejera Adriana M. Favela Herrera indicó:
“Existió una acción concertada o planeada con un fin específico que es el de influir e influenciar el voto de la ciudadanía a favor del partido, lo que se hizo a través de acciones que denotan sistematicidad en la difusión de esa campaña propagandística a través de influencers en las mismas fechas y horarios”.
Además, se cuantificó cada intervención de los influencers en 10 mil dólares, lo que se traduce en una aportación de más de 20.4 millones de pesos como monto involucrado.
La consejera Claudia Zavala abonó con otro elemento: Recordó que “el Partido Verde es reincidente en el fraude atípico, en el fraude a la ley”, por lo que justificó la severidad de la sanción.
Apuntó: “Tenemos la reincidencia en la generación de un esquema simulado para posicionar al Verde en un tiempo prohibido, en aplicar gastos para generar un beneficio”.
El consejero José Roberto Ruiz no estuvo de acuerdo del todo con la sanción, en particular con la suspensión de las prerrogativas en radio y televisión. "La sanción económica es la adecuada, pero no le encontró sentido a la otra", expuso.
Por último, la consejera Carla Humphrey avaló el proyecto y la propuesta de dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pues consideró que con las conductas denunciadas se ponía de manifiesto una estrategia de propaganda a favor de un partido político en clara contravención a la ley, de la cual ya había antecedentes, aunado a que las conductas podrían ser constitutivas de delitos electorales.
