Miles de militantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas (API) marcharon ayer en esta ciudad para demandar justicia al cumplirse nueve años del asesinato de su líder, Heriberto Pazos Ortiz, a nueve
“¡Don Beto no murió, el Estado lo mató!”, “¡Don Beto vive, la lucha sigue!”, “¡Viva Heriberto Pazos”, corearon los manifestantes en su trayecto del Monumento a Benito Juárez, sobre la Carretera Internacional 190 Cristóbal Colón, en inmediaciones de Trinidad de Viguera, hacia el zócalo de la ciudad.
En un mitin frente al Palacio de Gobierno, el dirigente de esa organización, Uriel Díaz Caballero, dijo que las bases de la API salieron a las calles porque no pueden permitir la “descarada desfachatez” del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) al ordenar recientemente la libertad de dos hombres sentenciados a 40 años por el homicidio de Pazos Ortiz,
“Nos habían dicho que se les condenó porque eran responsables y ahora nos salen que siempre no”, asentó.
Expuso que el TSJE, con la liberación de los dos sentenciados, está encaminada a cubrir a los verdaderos responsables de este crimen de Estado.
“A nosotros nos queda claro, fue un crimen ordenado por el Estado”, recalcó.
Por eso, subrayó que la API reclamará a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al TSJE actuar con eficiencia y eficacia en la procuración e impartición de la justicia, porque está pendiente su demanda de justicia.
“No queremos que nos sigan dando atole con el dedo”, apuntó.
Ante esto, dijo que la API llevará más allá su lucha para lograr el castigo a los verdaderos responsables del crimen de Pazos Ortiz.
“Las instituciones tienen en sus manos los elementos jurídicos y científicos, para hacer justicia”, asentó.
Fue un crimen de Estado
A su vez, Thorvald Pazos Haga, hijo del líder, aseguró que la liberación de los dos sentenciados confirma el crimen de Estado cometido en el gobierno del priista Ulises Ruiz Ortiz.
“Fue el PRI, el sistema mexicano, fueron ellos”, asentó.
Subrayó que el sistema se descubre así y descubre su simulación en la investigación realizada para procurar e impartir justicia.
“Finalmente, todo ha quedado en el limbo”, señaló.
De este modo, dijo que corresponde al pueblo seguir manifestándose para exigir justicia no solamente en el caso de su padre, sino en las desapariciones y asesinatos de estudiantes y activistas, así como por el encarcelamiento de luchadores sociales.
“No hay de otro, el pueblo tiene que tomar las riendas de la justicia”, apuntó.
Castigo a los asesinos
En el noveno aniversario luctuoso, cientos de integrantes de la Organización 23 de Octubre se movilizaron para reclamar el castigo a los asesinos del activista y luchador social Heriberto Pazos Ortiz.
Los manifestantes, salieron en inmediaciones de las antiguas oficinas del IEEPO, sobre la Carretera Internacional Cristóbal Colón 190, y terminaron en el zócalo.
El presidente del Consejo Consultivo de la organización e hijo de la víctima, Saúl Pazos Pineda, subrayó que la liberación de dos hombres sentenciados a 40 años de prisión, muestra evidentemente ser un crimen de Estado “ordenado desde las altas esferas del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz”.
“Pretendían claramente callar al pueblo, matando a su dirigente, pero las enseñanzas quedaron sembradas en las comunidades”, señaló.
Además, destacó que la excarcelación de los dos sentenciados constituye un retroceso en la investigación del homicidio de su padre, porque los demás detenidos podrían ser también liberados.
“No hay avances, sino todo lo contrario”, asentó.
Ante esto, dijo que la Organización 23 de Octubre no cesará en su demanda de esclarecimiento del crimen al Tribunal Superior de Justicia (TSJE) y a la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Un asesinato de esta magnitud, no puede quedar sin castigo”.
