La presunta aprobación al aumento en el costo del pasaje urbano de 7 a 8, constituiría una violación a los derechos de la ciudadanía oaxaqueña, sostuvo Juan Rodríguez Ramos, visitador general de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Luego de diversas especulaciones de que el aumento entre en vigencia el próximo lunes, con el regreso a clases de miles de estudiantes, la DDHPO solicitó a la Secretaría de Movilidad informe del proceso de negociación y acuerdos a los que llegó con los concesionarios.
El visitador consideró necesario que los ciudadanos estén bien enterados de una posible alza, pues desde la semana pasada se conoció que la petición de los empresarios era autorización para incrementar el precio a 10 pesos.
Mencionó que la DDHPO abrió un cuaderno de antecedentes por el probable incremento al costo del pasaje, porque esto representaría una afectación directa a los usuarios de este medio de transporte.
Hasta ayer, la Secretaría de Movilidad no había confirmado ni descartado la autorización del incremento, sin embargo hasta hace unos días anticipó que se analizaría la petición de los concesionarios debido a la justificante del impacto que les ocasiona los aumentos en los insumos, desde gasolinas hasta refacciones.
La dependencia clarificó que dicho aumento no será de 10 pesos.
Rodríguez Ramos indicó que el informe solicitado a la Semovi tendría que entregarse esta misma semana, antes de que se de un presunto aumento, por lo que una vez analizado, la dependencia determinaría si se inicia una queja de oficio por constituir una violación.
Según explicó de confirmarse el aumento, las autoridades involucradas serían las responsables de la afectación ocasionado a miles de usuarios, dado que antes de aprobar este tipo de aumentos deben de vigilar que exista la prestación de un servicio de calidad.
