Cerca de 15 mil usuarios de la telefonía celular comunitaria pueden quedar incomunicados ante la decisión del Sistema de Atención Tributaria (SAT) delegación Oaxaca, de asegurar la cuenta mediante la que opera el proyecto de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC).
Al respecto, Eric Huerta Velásquez, integrante de la Junta de Coordinación de la TIC, informó a NOTICIAS que en un acto totalmente arbitrario y, contraponiendose a la política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador tendiente a priorizar la ayuda al sector indígena del país, el SAT a nivel local tomó la decisión que pone en riesgo a poblaciones que utilizan el sistema.
Recordó que la TIC es la primera concesionaria de telefonía celular autónoma en el país que el año pasado presentó una solicitud de exensión del pago de derechos por el uso del espectro, que el Instituto Federal de Telefonía (Ifetel) les negó, por lo que recibieron una notificación para el pago de 700 mil pesos anuales, lo que anularía el derecho de las comunidades indígenas para poder operar su sistema.
“Ante la autoridad federal presentamos un amparo que ganamos en segunda instancia y el Ifetel nos exentó a partir de 2017, eso elimina como el 70% de los créditos fiscales pero queda un 20% que es lo que ahora esté vigente”, dijo.
"Intentos de embargo"
Agregó que siguieron el litigio por el resto del monto exigido que asciende a 200 mil pesos aproximadamente, el cual volvieron a ganar en primera instancia y lo que generó que se inconformara tanto el Ifetel, como la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda.
“Esto se fue a segunda instancia, cuya sentencia saldrá en próximos días y confiamos que se confirme el criterio sea favorable, pero en ese inter han hecho varios intentos de embargo, pero el día martes al intentar hacer movimientos para el pago de equipo y llamadas de larga distancia, nos encontramos con que la cuenta está asegurada”, comentó.
Indicó que esa cuenta es donde se concentra dinero que es de las comunidades, el que se ocupa para la operación del sistema y quienes salen directamente afectados son los 4 mil usuarios locales y sus familiares que hacen un promedio de 15 mil beneficiarios.
“Lo grave es que esas comunidades además de ser pequeñas y de ser las socias, es que muchas de ellas están ubicadas en zonas donde actualmente hay emergencias como los incendios, amén del derecho que tienen a comunicarse, pudo haberse solicitado a la organización garantizar el pago, pero no asegurar la cuenta a riesgo de paralizar el sistema”, expuso Huerta Velásquez.
Lamentó que con estas acciones se evidencie la existencia de un sistema que está armado para favorecer a los ricos y afectar a los más pobres.
“La semana pasada se dio a conocer la condonación de impuestos a grandes empresas como telcel y otras y acá no fueron para aceptar la exención en el pago y esperar una sentencia para realizar el cobro, esto refleja la urgente necesidad de tener una política más allá del discurso de los pueblos y comunidades indígenas”, puntualizó.
