CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Por 500 mil pesos para el sindicato minero que dirige Napoleón Gómez Urrutia, pagados por Industrial Minera México (IMMSA), y teniendo como testigo a un subsecretario federal, se permitió que continuaran los trabajos en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, aun cuando las tres partes sabían de las pésimas condiciones de seguridad que prevalecían en el filón que acabó por derrumbarse en febrero de 2006.
Nuevos documentos, obtenidos por el colectivo de deudos Familia de Pasta de Conchos, evidencian también que, mediante un convenio, empresa, sindicato y gobierno formalizaron en enero de 2006 un “contrato de protección”, a cambio de 15 mil pesos y alrededor de 700 pesos diarios para el gremio que dirige Gómez Urrutia.
Los efectos de ese convenio se perpetúan en las bajas pensiones para las familias de los mineros fallecidos, pues la mayoría eran empleados de la contratista General de Hulla, que les pagaba 83 pesos diarios. Eso se tradujo en menos de 2 mil pesos mensuales para cada una de las 36 viudas de los trabajadores subcontratados.
Lejos de la posición crítica asumida por Gómez Urrutia después de la tragedia minera y el inicio de la persecución judicial que contra él impulsó el gobierno de Vicente Fox, un mes antes de que la mina se colapsara provocando la muerte de 65 trabajadores, IMMSA convino pagarle al sindicato minero esa “conciliación” por aceptar que una empresa contratista ingresara al filón con el pretexto de realizar trabajos de mantenimiento y que en realidad eran de extracción carbonera. Llevaban 12 años haciéndolo.
Lo que IMMSA –subsidiaria de Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea Mota Velasco– y el sindicato de Gómez Urrutia pactaron fue que la empresa contratista General de Hulla, propiedad de Fernando de la Fuente Cepeda, cobrara 300 pesos diarios a cada uno de los 100 trabajadores subcontratados; que 4% de ese ingreso sería enviado por IMMSA al sindicato, de manera que serían 700 pesos diarios, para un aproximado de 21 mil 600 pesos al mes, la mayor parte destinados al comité nacional sindical.
La cantidad parecería irrisoria de no ser porque un trabajador ganaba la décima parte de lo que percibía el sindicato. Durante los días que siguieron al accidente, Proceso recuperó testimonios de trabajadores sobrevivientes y familiares de los fallecidos, que aseguraron por separado que ganaban 80 pesos diarios, es decir, 11% de lo que diariamente ingresaba el sindicato.
Entre los sindicalizados y los subcontratados la diferencia salarial era notable. Un informe (del que Proceso tiene copia) enviado en junio de 2006 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al entonces diputado Lucio Galileo Lastra, que presidía la comisión especial de Pasta de Conchos en el Congreso, demuestra que, mientras los trabajadores sindicalizados ganaban un promedio de 190 pesos diarios, los del contratista General de Hulla ganaban 83 pesos al día.
Lo que se pactó en el convenio fue que el contratista se quedaba con 214 pesos por trabajador; esto es 21 mil 400 pesos diarios.
Además el convenio, al describir las obras que realizarían los contratistas, contradecía la cláusula segunda, que limitaba los trabajos subcontratados a labores de mantenimiento, mientras que el Anexo 1 del documento, establecía en la relación de trabajos que la empresa contratista operaría “un minero continuo en desarrollo”. El minero continuo es una máquina que avanza rompiendo las paredes de roca. Sin embargo, así lo firmaron empresa, sindicato y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
La complicidad
“Un sindicato honesto habría pactado mejores condiciones aun para los trabajadores del contratista, pero esta es una forma novedosa de contrato de protección, en la que abierta y descaradamente cobra (el sindicato) por no proteger y no defender a los trabajadores, mientras Grupo México le paga como si fueran las cuotas sindicales que no va a recibir por no sindicalizar. Es el colmo del cinismo”, dice Rodrigo Olvera, integrante de Familia de Pasta de Conchos, que consiguió el documento.
Agrega: “Es como cobrar derecho de piso por no sindicalizar y que el gobierno lo legitime. Esto pone en evidencia el supuesto nuevo sindicalismo de Gómez Urrutia.
Un vez más queda en evidencia ese sindicato corrupto”.
Y es que el convenio, hasta ahora desconocido, se suma a la ya documentada connivencia de empresa y sindicato, que mantuvieron los trabajos a pesar de las numerosas deficiencias identificadas en diferentes inspecciones desde el año 2000
