El estado de Oaxaca deberá armonizar a la brevedad diversos ordenamientos para sumarse a la lucha a nivel nacional en contra de la corrupción, consideró el subauditor de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Ramón Icazbalceta Carrete.
Sin embargo, para tener éxito en esa encomienda, se tiene que fortalecer ese órgano fiscalizador, pues con el escaso presupuesto con que cuenta, de 73 millones de pesos anuales, apenas puede auditar al poco más del 20 por ciento de entes públicos al que está obligado, dijo.
En entrevista, explicó que pese a las restricciones financieras, hay resultados positivos, mismos que se han entregado año con año al Congreso del Estado, para su análisis y en su caso aprobación o rechazo de las cuentas públicas.
Actualmente se revisa cada año al menos 170 entes públicos de un universo de 650, entre ellos incluyen a los 570 municipios, que está obligado ese órgano a revisar cada año.
“A pesar de las restricciones económicas, en cinco años estamos dando resultados y podríamos dar más, pero se requiere de presupuesto suficiente”, aseguró Icazbalceta Carrete.
“Si no fortalecemos a la ASE, no vamos a poder llegar a todos los entes fiscalizables, si se le dota de todas las herramientas y presupuestos, vamos a tener esas denuncias y más; inclusive se nos puede medir económicamente: cuánto cuesta la ASE al Estado y cuánto estamos recuperando de recursos”, añadió.
Aseguró que al actual auditor y los dos subauditores aún les restan dos años para cumplir el lapso por el que fueron designados por la Legislatura local, por lo cual persiste el reto de dar mayores resultados ante la exigencia de la sociedad.
“Si se nos dota de suficientes recursos financieros, me comprometo a fiscalizar a más. Es cierto, la ciudadanía duda mucho de sus autoridades cuando se habla de corrupción y no hay resultados en el combate de éste."
Refirió que el antídoto a los grandes males de apoderamiento ilícito del erario, por parte de autoridades estatales y municipales, es la Ley General Anticorrupción, que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó el pasado 18 de julio.
Las entidades federativas tienen el plazo de un año para instalar la propia, que sería una Fiscalía Estatal Anticorrupción, y un Consejo Ciudadano que deberá ser integrado por distintos sectores públicos.
Van 365 expediente
El responsable de la fiscalización de los recursos en la ASE indicó que en un lustro del órgano, dependiente del Congreso del Estado, se han integrado 356 expedientes por irregularidades en la comprobación del erario, tanto en ayuntamientos como en dependencias estatales.
“Se recuperará la confianza de la sociedad cuando enviemos mensajes muy claros de que aquellos que cometieron desvíos de recursos y está documentado, tuvieron la penalidad”. Ramón Icazbalceta Carrete, subauditor de la ASE.
