Por Redacción NOTICIAS
A través de un comunicado, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) responsabilizó a las empresas constructoras y a las autoridades federales por el descarrilamiento del Tren Interoceánico de Tehuantepec, ocurrido el pasado 28 de diciembre en el tramo Nizanda–Chivela, municipio de Asunción Ixtaltepec. La organización aseguró que este accidente es el resultado de años de irregularidades en la rehabilitación de la línea Z, denunciadas desde 2019, que incluyen trabajos de mala calidad, corrupción, violaciones a los derechos laborales y afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas de la región.
UCIZONI cuestionó la actuación de las autoridades durante la emergencia, denunciando falta de protocolos claros de rescate y limitaciones en la capacidad de los hospitales para atender a los heridos, como ocurrió en el Hospital de Campo 37 del IMSS en Matías Romero, donde 12 de los 18 pacientes tuvieron que ser trasladados a Salina Cruz tras más de ocho horas de espera. La organización exigió investigaciones a fondo sobre las condiciones de las vías, sanciones a empresas responsables —como ABCD Arquitectura, Grupo La Peninsular y Grupo Diamante— y la suspensión inmediata de operaciones del tren hasta garantizar seguridad. Además, demandó que la Secretaría de Marina y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes brinden información clara a las familias afectadas.
A pesar de la tragedia, UCIZONI reconoció la solidaridad de las comunidades de Nizanda y Chivela, así como de los cuerpos de bomberos de Juchitán, Matías Romero y Salina Cruz, quienes fueron los primeros en responder. La organización enfatizó que más allá de intereses políticos, las verdaderas víctimas son las comunidades indígenas, afectadas por la imposición del megaproyecto del Corredor Interoceánico, y reiteró su exigencia de atención integral, información transparente y justicia para los deudos y heridos.
