Pese a que las mujeres jornaleras sostienen la seguridad alimentaria en México, persiste la precariedad y violación a sus derechos laborales.
De acuerdo con el nuevo informe de política pública Sembrando el cambio: Hacia un futuro justo para las trabajadoras agrícolas en México, elaborado por la alianza de Oxfam México, Ethos Innovación en Políticas Públicas, ProDESC y Fundación Avina, el 86.6 por ciento de las trabajadoras agrícolas no cuenta con seguridad social y que las empresas recurren a prácticas ilegales como entregar pases médicos en caso de accidentes laborales para evitar su afiliación al seguro social.
Además, el 90 por ciento de las mujeres trabajadoras agrícolas carece de contrato escrito, lo que constituye una violación directa a la Ley Federal del Trabajo y provoca que no se pueda garantizar el ejercicio de derechos laborales como vacaciones, aguinaldo o seguridad social, mientras que personas empleadoras abusan de la figura de intermediarios para evadir responsabilidades.
Además, el Estado, por su parte, mantiene una ambigüedad institucional sobre qué nivel de gobierno debe vigilar estas contrataciones, generando un vacío que perpetúa la impunidad.
Pues, por ley todas las personas trabajadoras agrícolas o jornaleras deben estar afiliadas al IMSS, sin embargo, las empresas agrícolas utilizan mecanismos corruptos y fraudulentos a fin de evitar el registro formal de sus trabajadoras y optando por generar pases médicos.
De esta manera, la proporción de accidentes de trabajo reportados al IMSS de jornaleras agrícolas pasó del 6 por ciento en 2000 al 35 por ciento en 2024.
A la falta de contratos formales, seguridad social y protocolos contra riesgos en el trabajo, se suma la doble carga de cuidados, ya que en la última década, se redujeron las guarderías de campo del IMSS en un 50 por ciento, pasando de 13 en 2012 a 6 para 2024, además de un recorte presupuestal del 37 por ciento para este servicio, lo que obliga a las jornaleras agrícolas a vivir una sobrecarga de cuidados, a abandonar sus empleos o incluso a llevar a sus hijos e hijas a sus centros de trabajo, lo que aumenta el riesgo de accidentes, propicia el trabajo infantil y agudiza el rezago y la deserción escolar.
El incumplimiento de los derechos laborales establecidos por la ley se facilita por la inacción gubernamental, puesto que existe una ambigüedad institucional respecto al nivel de gobierno que debe supervisar dicho cumplimiento.
A lo anterior se suma la falta de inspectores federales, ya que únicamente 660 deben supervisar más de 456 mil centros de trabajo registrados en todo el país, lo que agrava el problema y dificulta la capacidad del estado de proteger y garantizar derechos humanos y trabajo digno.
