Una alianza de organizaciones sociales y civiles, así como redes, colectivos, académicos y artistas, manifestó su apoyo a la justa, pacífica e histórica lucha del pueblo zoque de Santa María Chimalapa en defensa de su territorio ancestral que alberga la bio-región más importante y mejor conservada de México y Mesoamérica.
En un comunicado, sostuvo que el pleno del Tribunal Superior Agrario (TSA) aprobó una injusta, ilegítima e ilegal sentencia en dos juicios, el 18 de febrero pasado, en contra de la solicitud de nulidad agraria de las dotaciones ejidales de los núcleos agrarios de origen chiapaneco, Cal y Mayor y Cannán.
Expuso que esta resolución constituye una burla a la buena fe expresada por el pueblo zoque desde 1991 al ofrecer conciliación y reconocimiento como posesionarios comunales, a los verdaderos campesinos asentados en una treintena de núcleos agrarios de origen chiapaneco, ilegalmente implantados en la zona oriente del territorio comunal.
Sin embargo, expresó que los núcleos agrarios chiapanecos han sido manipulados por intereses caciquiles de talamontes y ganaderos desde hace 50 años y han devastado impunemente más de 50 mil hectáreas de selva alta y bosque de niebla, amparados por sucesivos gobiernos del estado vecino y por su oligarquía con la complicidad del gobierno federal y la omisión e indiferencia de los gobiernos de Oaxaca.
Explicó que la asamblea general comunal de Santa María Chimalapa determinó retener al titular de la Procuraduría Agraria (PA), Víctor Suárez Carrera en la comunidad, porque la representación de esa institución de la administración pública federal en Oaxaca litigó de manera negligente los dos juicios.
De esta manera, subrayó que el pueblo zoque de Santa María Chimalapa obtuvo el compromiso del gobierno federal para un encuentro entre las autoridades comunales con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz y la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, en la Ciudad de México.
Ante esto, ratificó su postura de apoyar totalmente la determinación de la asamblea general comunal de Santa María Chimalapa, para continuar su lucha en defensa de su territorio ancestral por todos los medios a su alcance.
Además, deseó que en las instancias de los poderes Ejecutivo y Judicial prevalezca la sensibilidad política y socioambiental, así como haga efectivo el respeto irrestricto a los derechos de los pueblos indígenas y a los derechos de la naturaleza, para revertir la sentencia del TSA en apego a la justicia y al derecho.
