A pesar de que diversas investigaciones han mostrado que los flujos de remesas tienen efectos positivos en las economías, un alto grado de dependencia a este tipo de transferencias también puede aumentar la vulnerabilidad de las comunidades a choques externos, indica el estudio Desigualdades en México 2018, de El Colegio de México.
“¿Qué tan importantes son las remesas en las economías de los estados? En 2016, Michoacán tuvo un ingreso por estos envíos equivalente a 11.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, Oaxaca de 9.3 por ciento y Guanajuato de 5.4 por ciento”, detalla el análisis.
Por lo que es indispensable implementar estrategias diferenciadas de política pública para reducir los riesgos de las comunidades y potenciar el efecto de las remesas como motores de desarrollo económico.
Oaxaca, entre los principales receptores
Los datos más recientes muestran que las entidades en el centro y sur del país concentran el mayor porcentaje de los ingresos vía remesas, en particular: Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Puebla y Oaxaca.
Durante el primer trimestre del 2018, Oaxaca fue la sexta entidad en cantidad de remesas, con 362.5 millones de dólares, de acuerdo a datos del Banco de México.
“En 2003 las remesas se concentraron principalmente en la región centro del país; en 2016, se sumaron entidades del centro-sur como Puebla y Oaxaca. Durante el periodo de estudio, el estado que registró el mayor descenso fue Veracruz, de 6.6 por ciento en 2003 a 4.2 por ciento en 2016 del total en México, detalla Desigualdades en México.
La percepción general de que los migrantes de retorno emprenden proyectos productivos como trabajadores por cuenta propia al regresar a México no tiene respaldo empírico, afirma la investigación, pues el 70 por ciento de hombres y mujeres retornados se integran al mercado laboral de manera asalariada (empleados, peones o ayudantes con pago), tal como ocurre con la población no migrante.
“El análisis de los totales de migrantes mexicanos de retorno en 2000, 2010 y 2015 ilustra el incremento en el periodo, tanto en estados tradicionalmente expulsores (Jalisco, Michoacán y Guanajuato), como en otras entidades (Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Baja California), detalla el estudio.
