Bajo el nombre “remedios solidarios”, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presentó una iniciativa para aminorar lo efectos económicos derivados del desempleo por COVID-19.
El esquema de participación tripartita en el que trabajadores, gobierno y empresas se unan, plantea tres modalidades: el Salario Solidario, el Seguro Solidario y el Bono Solidario, que de manera general requeriría la aplicación de 204 mil millones de pesos, equivalente al 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Alejandro Sánchez Díaz, presidente de la Coparmex Oaxaca, indicó que de esta manera podrán conservarse la mayoría de los empleos, pues aseveró que siempre es más difícil y costoso recuperar un empleo perdido que mantener un empleo.
El esquema Salario Solidario -expuso- plantea otorgar un salario menor o igual al salario con el que cuenta cada trabajador. Está compuesto por las contribuciones del gobierno, las empresas y los trabajadores, con el fin de evitar despidos ocasionados por la caída de los ingresos que enfrentan las empresas por la COVID-19. El gobierno -dijo- paga una parte del salario del trabajador formal (la proporción depende del nivel salarial del mismo), el patrón paga otra proporción del salario y el trabajador acuerda recibir una proporción menor del mismo (los trabajadores que ganen entre 1 y 3 salarios mínimos seguirán recibiendo su salario de forma íntegra durante la contingencia.)
El Seguro Solidario -agregó- es un apoyo equivalente a un salario mínimo general (3,696.6 pesos) para todos los trabajadores formales que hayan perdido su empleo. Es un seguro en línea con la propuesta del Ingreso Mínimo Vital propuesto por diversos grupos de la sociedad civil y legisladores. Su funcionamiento es sencillo: se otorga el apoyo a todos los trabajadores formales que hayan perdido su empleo entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre. Se otorga por seis meses como máximo o antes si el trabajador encuentra otro empleo.
Finalmente, el Bono Solidario como un incentivo a la contratación de empleo formal con el fin de recuperar la pérdida de empleo registrada en los últimos meses. En éste el gobierno otorgaría una cantidad equivalente a una proporción del salario del trabajador contratado por un periodo de tres meses.
La idea es que las empresas formales puedan solicitar este apoyo para los trabajadores que contraten a partir de julio y hasta noviembre del presente año. El apoyo se determinará a partir del número de nuevas plazas generadas en la empresa con respecto al mes anterior al que se solicita el primer apoyo por contratación. El patrón se compromete a no despedir al trabajador en al menos seis meses. En caso de no cumplir, el patrón tendrá que rembolsar el bono recibido.
