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Reclaman parar obras de vía transístmica

Foto(s): Cortesía
Octavio Vélez Ascencio

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) demandó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) suspender de manera inmediata la modernización de la vía Salina Cruz-Coatzacoalcos, que utilizará el Tren Transístmico,  por carecer de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y de una consulta indígena.


En una comunicación enviada al titular de esa dependencia, Víctor Toledo Manzur, el presidente de la mesa directiva de esa organización, Dagoberto Toribio Severo, informó que el proceso de evaluación de la MIA presentada por la empresa Ferrocarril del Istmo de Istmo (FIT) fue suspendido por la gran cantidad de errores y omisiones.


Sin embargo, expuso que personal de la compañía se presentó recientemente en los ejidos Mogoñé Viejo, Mogoñé Estación y El Zarzal, pertenecientes a San Juan Guichicovi, a exigir, en tono agresivo a los órganos de representación agraria, convocar a asambleas para levantar actas donde se autorizara el desarrollo de los trabajos.


Además, mencionó que el personal hizo entrega de un oficio de fecha 7 de este mes en que reconoce el inicio de los trabajos de modernización y rehabilitación de la vía férrea.


Destacó que en los pobladores de diferentes ejidos han acordado realizar rondines de vigilancia e impedir los trabajos de la compañía.


De esta manera, subrayó que la empresa está violando sus derechos y el marco jurídico legal, sobre todo porque la consulta indígena se canceló por la emergencia sanitaria a causa del coronavirus.


Ante esto, el dirigente demandó a Toledo Manzur requerir a la empresa la suspensión inmediata de los trabajos y una MIA en que se contemplen las obras de toda la vía, incluyendo el tramo La Mata, Asunción Ixtaltepec-Salina Cruz.


“Por el tipo y magnitud del proyecto es necesario que se evalúen todos los impactos acumulativos y sinérgicos”, asentó.


Además, pidió al funcionario dar vista a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Fiscalía General de la República (FGR) debido a los posibles delitos y faltas administrativas cometidas por el inicio de los trabajos sin una MIA.

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