La Banca Privada d’Andorra (BPA), en el año 2012, tenía 174 “misteriosos clientes mexicanos con 243 millones”, de acuerdo con información del periódico El País, por lo que cuando fue intervenida en el año 2015 por lavado de dinero, las autoridades andorranas investigaban 80 cuentas mexicanas.
La Banca Privada d'Andorra (BPA) es una entidad bancaria de capital 100% andorrano fundada en 1957, para febrero de 2012 había decidido poner fin a su presencia en México, esto de acuerdo con el acta de su comité de control, a la que tuvo acceso el periódico ya mencionado.
El motivo para que Ramón e Higini Cierco, propietarios del banco, tomaran esa decisión, fue las crecientes sospechas sobre fortunas albergadas en esta institución financiera. Para ser más específicos entre 2007 y 2015, las actas tienen 59 menciones de clientes mexicanos, lo que representa que uno de cada tres clientes provenientes de México, era sospechoso.
La BPA reunión bajo “el manto protector del secreto bancario a personajes del crimen organizado con priistas como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; los exdiputados Óscar Lara Arechiga y Francisco Arroya Vieyra; el abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado; y la senadora Sylvana Beltrones, hija del priista Manlio Fabio Beltrones.”
A pesar de estas evidencias, la institución financiera se mantuvo en México hasta 2015, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos intervinó el banco “por actuar presuntamente como una lavadora de fondos de grupos criminales como Odebrecht, el gigante brasileó de la construcción que perpetró la mayor trama de sobornos de América”.
Fue en el año 2006 cuando la Secretaría de Hacienda avaló la instalación del banco en México, y al año siguiente BPA contaba como clientes a 71 familias y 10 empresas mexicanas.
Entre los clientes se encontraban altos funcionarios, dirigentes universitarios, candidatos, empresarios y abogados cercanos al poder, afirma el medio de comunicación español.
Giovanni Zenteno, quien fuera coordinador de Servicios de Ingreso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2006, fue uno de los cuentahabientes cuando eran sus clientes el priista Juan Sigfrido Millán Lizárraga, quien fue gobernador de Sinaloa entre 1993 y 2004, “una exsubdirectora de Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de la Electricidad, el actual presidente de la Junta de Gobierno de una universidad de Guanajuato, un empresario sinaloense que murió acribillado a tiros en Guadalajara en 2007”.
Además en 2007, en la BPA se recibió un informe de presunto lavado de dinero por cuatro millones de dólares mensuales provenientes del narcotráfico y presuntamente estaban relacionados con el venezolano Gabriel Ignacio Gil Yáñez, exasesor del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, a quien supuestamente le cobraban una comisión del 1,5% por lavar dinero.
En 2013 la institución financiera cerró su oficina en el país pero mantuvo su presencia hasta 2015, cuando el banco fue intervenido por lavado de dinero.
Además revela El País que el banco ofreció servicios como la creación de sociedades off shore para albergar fortunas dudosas en Panamá y Suiza.
Identifican entre sus clientes ‘célebres’ a la exdiputada federal del PRI y presidenta de la compañía minera Santa Lucía, Luz del Carmen López Rivera, quien anunció al banco en mayo de 2012 la colocación de medio millón de dólares en la institución mediante la sociedad Harrigay Entreprises.
Otro de los señalados es el ingeniero Bernardo Quintana Kawage, exdirector General de ICA Construcción Urbana, quien “depositó en 2011 un total de 9 millones de dólares”.
En 2014, cuatro empresas comunicaron a la BPA su intención de ingresar en tres cuentas la cantidad de 70 millones de dólares producto de un pleito ganado a la Secretaría de Hacienda.
Menciona que a raíz de la intervención de la institución en 2015, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) operó para librar de sospecha a varios clientes mexicanos investigados por la juez Canòlich Mingorance y el fiscal Alfons Alberca. Lo anterior, mediante la presentación de informes sobre el origen “legítimo” de las fortunas o la declaración del “no ejercicio de la acción penal” tras investigaciones exprés.
A principios de febrero, el diario reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga tres viajes a España y Andorra de Alberto Alcántara Martínez, quien fuera coordinador general de Investigación PGR en el sexenio pasado.
El exfuncionario supuestamente favoreció el desbloqueo de recursos de Juan Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto que se encuentra preso en México y es investigado en Andorra por lavado de dinero. Por ello, la FGR solicitó información a las autoridades de ese país, a las que informó que Alcántara es investigado en México por un delito contra la Administración de Justicia.
