Octavio Vélez
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió al Estado mexicano adoptar medidas cautelares en favor de las comunidades indígenas mixtecas de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji, pertenecientes al municipio de San Esteban Atatlahuca.
El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, peticionario de las disposiciones preventivas, informó que esa instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, otorgó las medidas cautelares ante la violencia registrada en esas dos comunidades indígenas por la agresión de un grupo armado comandado presuntamente por autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca.
Explicó que en los ataques sucedidos los días 1, 21, 22 y 23 de octubre pasado dos habitantes, Jacinto Hernández Quiroz e Isidoro Hernández, murieron por disparos de arma de fuego, otras personas más resultaron lesionadas y más de 100 casas fueron quemadas, originando el desplazamiento interno forzado de más de 300 familias.
Además, detalló que en los sucesos también desaparecieron cuatro personas, Marcos Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño y Mayolo Quiroz Barrios.
Observó que los gobiernos federal y estatal tuvieron conocimiento de estos hechos de forma inmediata, pero minimizaron la gravedad de los acontecimientos y hasta el momento no han ofrecido el apoyo humanitario a las víctimas de desplazamiento forzado.
De esta manera, destacó que la CIDH solicitó al Estado mexicano proteger los derechos a la vida e integridad personal de las familias indígenas de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji, a través de medidas culturalmente adecuadas para proteger sus derechos y en especial de los niños, niñas, mujeres y personas mayores.
Aparte de esto, resaltó que esa instancia también pide garantizar la seguridad al interior de las comunidades indígenas mixtecas a fin de prevenir amenazas hostigamiento, intimidaciones y agresiones en contra de sus pobladores.
Al mismo tiempo, subrayó que la CIDH reclama determinar el paradero o destino de Mayolo Quiroz Barrios, Marcos Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño e Irma Galindo Barrios, para proteger sus derechos a la vida e integridad personal.
Ante ello, Santiago Reyes demandó al Estado mexicano cumplir las medidas cautelares en el plazo de 20 días establecido por la CIDH y sea en la forma y términos estipulados, principalmente para proteger los derechos de las niñas, niños, mujeres y adultos mayores de las comunidades respetando su cultura indígena mixteca.
Los ataques
1, 21, 22 y 23 de octubre
2 muertos por disparos de arma de fuego
100 casas fueron quemadas
300 familias fueron desplazadas
