- Se debe evitar la violación del derecho al libre tránsito y la seguridad jurídica
Ante la aplicación de operativos alcoholímetro durante la conmemoración del Día de Muertos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la alerta temprana 07/2025 dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la Policía Vial Estatal (PVE) y a las autoridades municipales, así como a los conductores de vehículos en la ciudad de Oaxaca de Juárez y zona metropolitana.
En una comunicación, el órgano autónomo dio a conocer que las instancias encargadas de desarrollar estas estrategias tienen la obligación de sujetarse a los protocolos emitidos por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, así como a las normas de protección en materia de derechos humanos, a fin de evitar la violación de derechos humanos como el libre tránsito, la legalidad y la seguridad jurídica.
Además, evitar el abuso de autoridad, uso indebido de la fuerza y la falta de legislación municipal en la aplicación de sanciones, entre otras violaciones.
Independientemente de esto, expuso que existen quejas relacionadas con multas excesivas en los principales municipios conurbados y sobrepasan las posibilidades de pago en conceptos como infracciones, arrastre, encierro y multas relacionadas.
De esta manera, explicó que la alerta temprana está encaminada a garantizar los derechos humanos establecidos en el marco constitucional y convencional para que el actuar de las instancias encargadas esté apegado a los protocolos emitidos.
Aparte de ello, detalló que exhorta a los conductores a no manejar bajo los efectos del alcohol y otras sustancias que aumenten el riesgo de accidentes de tránsito, así como hacer uso del conductor designado y del transporte público o compartido.
El órgano autónomo dijo que no se opone a la aplicación de la prueba de alcoholemia, como una medida de prevención de accidentes, delitos y protección para la ciudadanía en materia de seguridad pública; pero advierte la necesidad de su aplicación conforme a los protocolos establecidos y con el pleno respeto a los derechos humanos.
