- Activistas enfrentan riesgos agravados por difamación con tintes sexistas
El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y la Iniciativa para la Justicia Transnacional (IJT), con la asesoría del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad Oaxaca, presentaron la Guía de Seguridad Comunitaria para Defensoras de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En el evento, Yesica Sánchez Maya, integrante de la mesa directiva de Consorcio Oaxaca, afirmó que la seguridad comunitaria es el proceso continuo para garantizar condiciones colectivas a fin de ejercer la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, mediante una serie de estrategias y capacidades con el propósito de posibilitar la salvaguarda de la integridad física, psicológica, emocional, colectiva y comunitaria de las defensoras y defensores en sus territorios.
Expuso que Oaxaca se ha posicionado como uno de los estados con mayor número de agresiones a personas defensoras del medio ambiente, por el registro de 42 tipos ataques, incluyendo dos ejecuciones extrajudiciales y una violencia estructural, a través de la difamación, intimidación, estigmatización y hostigamiento como métodos de control para la preservación de intereses.
Explicó que la entidad se ve afectada actualmente por el despojo y el extractivismo donde se relacionan los leoninos intereses de un modelo económico, hegemónico y mundial para hacer así millonarios a los más ricos y miserables a los más pobres.
“Oaxaca se encuentra desde hace veinte años en una disputa por sus bosques, por la tierra, por el agua. Una disputa por una identidad oaxaqueña que se ha folclorizado y mercantilizado hasta el absurdo”, aseveró.
Además, detalló que el territorio oaxaqueño, donde el 76 por ciento es propiedad social, se encuentra amenazado por megaproyectos de energía eólica, hídrica y térmica, la construcción de carreteras y libramientos, así como por la imposición de desarrollos inmobiliarios y la construcción de centros comerciales totalmente innecesarios.
Mientras tanto, la activista de ProDESC, Sofía Parra de Moya, aseguró que las empresas transnacionales a la hora de la inversión tienen por práctica la cooptación inmediata de las autoridades, porque funcionan como bisagra en la expansión de los intereses empresariales en su búsqueda del control territorial.
Ante esto, dijo que las defensoras de territorio suelen ser excluidas de los espacios de tomas de decisión y negociación, pero, sobre todo, a correr riesgos adicionales por su condición de género, con campañas de difamación con connotaciones sexistas y machistas, donde se convierten en una amenaza de los círculos más inmediatos como las infancias y las familias.
