En medio de las tensiones que atraviesan hoy a la educación superior en distintas partes del mundo, aparece una idea incómoda pero necesaria: las universidades han perdido parte de su legitimidad pública. La politóloga Danielle Allen lo plantea con franqueza: si las universidades quieren conservar su papel en la vida democrática, tendrán que transformarse. Defender el statu quo ya no basta. La discusión está vigente. En numerosos países, las universidades enfrentan críticas por su desconexión social, el aumento de sus costos, sus conflictos ideológicos y la creciente desconfianza hacia sus élites académicas. Las instituciones encargadas de producir conocimiento pierden credibilidad, lo que se erosiona es su prestigio, su capacidad de formar ciudadanía crítica y orientar el debate público.
Ese debate adquiere en Oaxaca una dimensión particularmente áspera. Durante décadas, la vida universitaria oaxaqueña ha estado marcada por una lógica que poco tiene que ver con la deliberación académica. Muchos grupos universitarios aprendieron a adaptarse al poder en turno: primero al viejo priismo que dominó la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, después al experimento político del gabinismo y ahora a los equilibrios del régimen populista que hoy se presenta como 4T. Ese darwinismo político —más que académico— permitió que grupos hegemónicos hicieran y deshicieran dentro del campus durante años. Esos mismos grupos vuelven a reacomodarse. Algunos con entusiasmo, otros con prudencia, pero todos atentos a preservar sus parcelas de influencia.
En este contexto, el poder primaveral (aunque finja demencia) muestra interés especial por los asuntos universitarios. No es un secreto: el propio titular del ejecutivo y operadores políticos aparecen en reuniones públicas, exploran alianzas y afinan escenarios de intrusión rumbo a la próxima sucesión rectoral. Viejos y nuevos cacicazgos universitarios, lejos de oponer resistencia, vuelven abrir la puerta. A cambio esperan lo que siempre han medrado: sobrevivir políticamente y mantener el sistema de prebendas consolidado tras la derrota de aquel Movimiento Democrático Universitario que vivimos en los años setenta y que intentó democratizar la institución.
La voracidad de la nomenklatura populista, tampoco reconoce límites. Su proyecto de control avanza sobre organizaciones sociales, regiones y estructuras institucionales de la entidad. En ese avance, la autonomía universitaria aparece como mero trámite de control, menos como un principio democrático que como un obstáculo administrativo. Así, la defensa de la autonomía hoy parece huérfana. Dé aquella cátedra combativa y socialmente comprometida que alguna vez caracterizó a sectores de la universidad oaxaqueña queda muy poco. El movimiento estudiantil crítico que marcó los años setenta es apenas una referencia histórica. Ahora, buena parte de estudiantes y profesores aparecen atrapados entre la apatía, el temor o la cooptación ejercida por grupos porriles y operadores internos del poder universitario.
La comodidad de las dádivas —operadas desde la rectoría o desde oficinas primaverales— ha terminado por anestesiar a muchos. Mientras tanto, la autonomía universitaria se erosiona lentamente. Dice Lomelí rector de la UNAM: La autonomía universitaria es una función trascendental y subraya que la educación superior pública, autónoma, rigurosa y socialmente comprometida, sigue siendo una de las mayores reservas éticas, intelectuales y democráticas. (Jornada 14.04.26) Pero el silencio domina los preparativos para la sucesión rectoral, la opinión pública observa maniobras, alianzas y disputas entre facciones. Pocos hablan de lo verdaderamente importante: la crisis académica de la universidad. Ni operadores políticos, ni aspirantes a la rectoría, ni los liderazgos universitarios parecen dispuestos a colocar en el centro la pregunta fundamental: ¿qué universidad necesita Oaxaca? Tampoco discuten seriamente un nuevo modelo educativo.
Nadie propone una reforma académica de fondo. No parecen dispuestos a enfrentar el deterioro institucional que arrastra la UABJO desde hace décadas. La universidad no reconstruye su vínculo con la sociedad mediante reformas profundas, falta mayor pluralismo ideológico, cambios en los sistemas de admisión, fortalecimiento de valores y medidas que reduzcan la desigualdad en el acceso a la educación superior. Y el debate de fondo: ¿hasta qué punto una universidad puede reformarse sin comprometer su autonomía? En Oaxaca la pregunta adquiere un matiz todavía más inquietante. Aquí el riesgo no es la reforma. Es la captura, si la universidad no emprende una transformación desde dentro, la tentación de intervenir desde fuera crecerá inevitablemente. Y mucho ojo, los gobiernos siempre aspiran gobernar desde el campus, y entonces la autonomía deja de ser un principio constitucional para convertirse en una formalidad administrativa. Quizá por eso la discusión pública se concentra hoy en nombres, candidaturas y alianzas rumbo a la rectoría.
Es comprensible: la política universitaria siempre ha tenido algo de teatro. Preocupa que mientras se reparten los papeles de la próxima obra, nadie parece interesado en revisar el estado del escenario. El escenario, sin metáforas, está lleno de grietas. Por eso algunos políticos comienzan a mirar con tanta atención hacia el campus. No por vocación educativa, sino porque han descubierto algo elemental en la política oaxaqueña: las instituciones debilitadas suelen ser más fáciles de administrar. La sucesión rectoral próxima podría ser muchas cosas: una disputa interna, una negociación entre grupos o incluso un intento de recomposición institucional. Es algo más simple: el momento exacto en que la autonomía universitaria deje de ser un problema político…finalmente habrá dejado de existir. Cuando eso ocurra —si ocurre— quizá muchos descubran demasiado tarde que la universidad pública no fue tomada por asalto. Simplemente les dejaron la puerta abierta.
