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"Transición en paz para Oaxaca", pide Bernardo Díaz Alamilla

Urna de votación
Foto(s): Cortesía
Alejandra López Martínez

Octavio Vélez

Ante el proceso de renovación de autoridades municipales el 1 de enero de 2022 en 153 ayuntamientos regidos por partidos políticos, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla convocó a todos los actores políticos y a los gobiernos de los tres niveles a desarrollar acciones para que la entrega-recepción se celebre en forma pacífica y ordenada.

El ombudsperson sostuvo que este tipo de procesos necesitan construirse mediante el diálogo y la concertación de voluntades, para coadyuvar al fortalecimiento del tejido social de las comunidades, promoviendo la paz y el respeto a los derechos humanos.

Expuso que la transición del poder político municipal debe tener como eje la perspectiva de la cultura de paz y derechos humanos, haciendo énfasis en la cooperación, la no discriminación y tolerancia.

Por eso, explicó que en estos escenarios de transición, los tres niveles de gobierno están obligados y comprometidos a garantizar condiciones de seguridad, paz y respeto pleno a los derechos humanos, antes, durante y después del relevo de las autoridades municipales.

También emplazó a los diferentes actores a conducirse con pleno apego a la ley y con civilidad política, por ser elementos esenciales para la construcción de la paz.

“Es decir, privilegiar la construcción de acuerdos y el diálogo como mecanismos para resolver las diferencias y los posibles conflictos, principalmente en aquellos municipios donde se desarrollarán convocaron a elecciones extraordinarias, que aún no se han celebrado”, asentó.

De esta manera, destacó que la mediación constituye el mecanismo del diálogo para la solución de controversias, pues además de fomentar la participación de las partes involucradas, ayudan a avanzar a la resolución de los conflictos en forma pacífica.

Rodríguez Alamilla dijo que el 1 de enero de 2022 también se renovarán 24 autoridades municipales en ayuntamientos regidos por sistemas normativos internos, lo cual representa un reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción a la diversidad cultural, la no discriminación y hacer realidad el derecho a la igualdad.

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