En lo que va de la actual administración estatal, se ha registrado una disminución en los casos de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, informó la titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, Flor Estela Morales Hernández, al presentar cifras actualizadas sobre la atención y protección a este sector.
La funcionaria detalló que, de acuerdo con datos del mecanismo federal de protección, en 2020 se documentaron 15 casos de posibles agresiones, mientras que en 2021 y 2022 la cifra aumentó a 20 casos por año. No obstante, en los años recientes se observa una tendencia a la baja: seis casos en 2023, ocho en 2024, siete en 2025 y dos casos en lo que va de 2026, estos últimos relacionados con hechos ocurridos fuera del territorio oaxaqueño.
Morales Hernández también rechazó versiones que circulan sobre el presunto asesinato de 32 personas defensoras durante el actual sexenio, al afirmar que dicha cifra carece de respaldo en registros oficiales. “Estos datos no tienen sustento ni en el mecanismo de protección ni en las fiscalías del país”, señaló, al explicar que existe un seguimiento permanente para verificar cada caso reportado.
Precisó que, tras revisar la información con autoridades ministeriales y el mecanismo federal, se identificaron 10 hechos violentos que fueron difundidos como asesinatos de personas defensoras; sin embargo, las investigaciones indican que solo en uno de esos casos la principal línea de indagación está directamente relacionada con la actividad de defensa de derechos humanos.
La titular de Derechos Humanos explicó que para determinar si una agresión o asesinato está vinculado con la labor de una persona defensora, se deben cumplir dos condiciones: que la víctima realizara actividades de defensa de derechos humanos y que la investigación ministerial confirme que el móvil del delito está relacionado con dicha labor.
Finalmente, señaló que el gobierno estatal implementó la figura de “acciones urgentes”, un mecanismo de respuesta inmediata que permite activar servicios institucionales para garantizar la seguridad de personas defensoras y periodistas, con el objetivo de prevenir riesgos y asegurar que continúen ejerciendo su labor en condiciones de protección.
