El Poder Judicial del Estado es la única institución en el país, incluso en toda Latinoamérica que cuenta con una Sala de Justicia Indígena, lo que ha fortalecido la legitimidad constitucional con la que cuentan los pueblos originarios y la vigencia del pluralismo jurídico.
Al participar con una ponencia en el Segundo Encuentro del Observatorio Latinoamericano de Sistemas Normativos Indígenas, el presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, resaltó que el tema del derecho al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas es uno de los que esta instancia ha colocado en la agenda judicial del más alto nivel.
Puntualizó desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se ha reconocido a las localidades como sujetos con personalidad jurídica y derechos para avanzar en la construcción de una verdadera equidad y justicia social.
Desde esta interpretación, explicó, se abordan asuntos como la autonomía hacendaria; la obtención del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), que marcó un importante precedente en el país; los límites de la justicia indígena para no vulnerar los derechos humanos e inconformidades que se susciten en los procesos de consulta, entre otros.
En su ponencia, estuvieron presentes autoridades municipales de Santiago Matatlán, San Bartolomé Quialana, Santa Cruz Papalutla, Santiago Tlazoyaltepec, San Juan Guelavía y representantes de la Universidad Politécnica de Nochixtlán, así como de instancias en materia electoral.
