El acceso a la información pública y la transparencia son condiciones esenciales para la vigencia efectiva de los derechos humanos, afirmó la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez.
Por eso, durante su Tercer Informe de Actividades, correspondiente al periodo del 30 de marzo de 2025 al 29 de marzo de este año, la ombudsperson sostuvo que la rendición de cuentas en el servicio público constituye una obligación jurídica y ética, vinculada directamente con los principios de legalidad, transparencia y acceso a la información.
En presencia del consejero jurídico del gobierno estatal, Geovany Vásquez Sagrero, y de la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Tania Caballero Navarro, entre otros invitados, expuso que el órgano autónomo emitió 28 recomendaciones y una recomendación General, dirigidas a autoridades estatales y municipales, en las que se documentaron violaciones a derechos humanos atribuibles a personas servidoras públicas.
Además, detalló que se emitieron 17 medidas cautelares, 11 alertas tempranas y 106 propuestas de conciliación, acciones que en su conjunto configuran un sistema integral de protección, con respuestas diferenciadas según la naturaleza y gravedad de cada caso.
De esta manera, subrayó que la consolidación de un Estado democrático exige que estas determinaciones no sean vistas como sugerencias, sino como mandatos éticos y jurídicos que deben cumplirse en su totalidad.
Aparte de esto, precisó que se reportó la conclusión de dos mil 232 expedientes, de los cuales el 72 por ciento corresponden a oficinas centrales y el 28 por ciento a oficinas regionales.
Independientemente de esto, destacó que a ello se suma una carga previa de tres mil 325 expedientes en trámite al 29 de marzo de 2025, así como 10 expedientes reabiertos, lo que representa un total de cinco mil 567 expedientes atendidos.
De la misma manera, destacó la dignificación de los espacios laborales en oficinas centrales y regionales, así como la ampliación del parque vehicular con la adquisición de dos automóviles y tres camionetas, para un total de 36 unidades, y así fortalecer la cobertura institucional en comunidades de todo el estado.
Lara Rodríguez dijo que la protección de los derechos humanos no depende únicamente de una actuación reactiva frente a las violaciones, sino también de la capacidad institucional para prevenirlas, atenderlas y generar condiciones que impidan su repetición.
