La sesión transcurría con el ritmo solemne de los días decisivos. En el recinto legislativo, las luces encendidas y los curules ocupados anunciaban que no se trataba de una votación más. Cuando el tablero electrónico marcó 41 votos a favor, el Congreso de Oaxaca se convirtió en el primer estado del país en respaldar la minuta de reforma constitucional que permitirá la creación de una ley general en materia de feminicidio, un instrumento que busca unificar criterios, sanciones y procedimientos en todo México.
El acuerdo se dio durante un periodo extraordinario de sesiones y tuvo como eje la modificación al artículo 73 de la Constitución federal, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la intención de facultar al Congreso de la Unión para legislar una norma nacional que establezca, como mínimo, los tipos penales y las sanciones aplicables a este delito. La reforma, explicaron legisladores, pretende cerrar las brechas legales entre estados y evitar que la justicia dependa del lugar donde se cometa el crimen.
Desde tribuna, voces de distintas fuerzas políticas coincidieron en el carácter histórico de la decisión. Para legisladores del grupo mayoritario, la medida representa un avance en la protección de la vida y la integridad de las mujeres, así como el reconocimiento a años de exigencia social por parte de colectivos feministas y organizaciones civiles. En el salón se habló de deuda histórica, de justicia pendiente y de la necesidad de responder a una violencia que ha marcado a miles de familias en el país.
Y es que la reforma no solo permitirá homologar los delitos, sino también fortalecer la coordinación entre fiscalías estatales y federales, bajo un mismo marco jurídico. El objetivo, es garantizar que cualquier víctima tenga acceso a un proceso penal uniforme, sin vacíos legales ni interpretaciones contradictorias que puedan derivar en impunidad.
Desde la oposición y los grupos parlamentarios minoritarios, el respaldo también llegó acompañado de advertencias. Legisladores señalaron que la fragmentación actual de los códigos penales ha debilitado la respuesta del Estado frente a la violencia de género y que esta reforma debe traducirse en acciones concretas, no solo en cambios normativos. Coincidieron en que el desafío no es jurídico, sino humano: salvar vidas y evitar que los casos queden atrapados en la burocracia o en la ambigüedad legal.
Al final de la sesión, el ambiente fue de consenso poco habitual. La aprobación de la minuta colocó a Oaxaca en el centro del proceso legislativo nacional, como la primera entidad en dar luz verde a una reforma que busca transformar la manera en que el país enfrenta uno de los delitos más graves y dolorosos.
El siguiente paso será la discusión en otros congresos estatales, pero en San Raymundo Jalpan quedó registrado el momento en que una votación local abrió la puerta a un marco jurídico nacional que aspira a un principio simple y contundente: que ninguna muerte violenta de una mujer quede sin justicia, sin importar el estado donde ocurra.
