La organización Dignidad Migrante (DM) manifestó su oposición a la Ley para el Fortalecimiento del Sistema de Inmigración y Fronteras, conocida como Ley C-12, que entró en vigor el 26 de marzo pasado, porque representa un grave ataque a los derechos de los migrantes y refugiados en Canadá, así como por profundizar el sistema precario de servicios.
En una carta, remitida al primer ministro, Mark Joseph Carney y a la ministra de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Lena Metlege Diab, el organismo –integrado por migrantes indígenas de Oaxaca y de otros estados de la república, así como de otros países de América Latina–, rechazó el discurso utilizado para justificar la Ley C-12, porque los migrantes no son causantes de la crisis, sino por el contrario son quienes mantienen unido a Canadá.
Expuso que los migrantes representan el 20 por ciento de todos los empleos agrícolas en ese país y sin ellos, colapsaría la seguridad alimentaria.
Explicó que un 30 por ciento de la fuerza laboral migrante se dedica a la construcción de hogares, principalmente en la Columbia Británica y en Ontario.
Además, detalló que el cuidado de las familias, la limpieza y la logística dependen mayoritariamente del trabajo migrante.
Precisó que la comunidad migrante aporta bastante a la economía nacional de Canadá, porque más del 70 por ciento de sus ingresos se gastan en los pequeños negocios, en renta, comida, transporte, ropa, etc.
Además, precisó que los migrantes contribuyen anualmente con millones de dólares por seguro de desempleo y pensiones, a pesar de las dificultades para su obtención.
Sin embargo, mencionó que la Ley C-12 limita el acceso a la protección para refugiados, amplía el poder del gobierno para cancelar sus estatus, aumenta el intercambio de información, porque los pone en riesgo, empuja a más personas a condiciones precarias y a ser indocumentadas, pues no resolverá ninguno de los problemas estructurales de Canadá, como la vivienda y el desempleo juvenil.
De hecho, afirmó que la Ley C-12 es un cambio preocupante en el enfoque hacia los migrantes, porque cada vez se les culpa más de la escasez de vivienda, la presión sobre los servicios públicos y la inestabilidad económica.
Independientemente de esto, observó que esta legislación prioriza el control sobre la justicia y donde los migrantes son desechables en lugar de ser miembros esenciales de la sociedad, porque las políticas basadas en el miedo y la desinformación no resuelven los problemas sistémicos, sino los agravan.
Destacó que los migrantes necesitan derechos, no restricciones, porque el sistema es quien genera la vulnerabilidad con el permiso de trabajo para encadenarlos a un empleador, limita el acceso a la residencia permanente, no respeta las protecciones laborales y excluye sus voces en la toma de decisiones.
De este modo, aseguró que los problemas estructurales requieren una reforma significativa, no más restricciones, porque Canadá debe garantizar permisos de trabajo abiertos, donde se permita abandonar a empleadores abusivos sin arriesgar el estatus, crear vías claras y accesibles para la residencia permanente de todos los trabajadores migrantes y regularizar a las indocumentadas quienes ya contribuyen al país.
Resaltó que los migrantes deben estar protegidos contra represalias al ejercer su derecho a la atención médica y al seguro de desempleo, así como garantizar su protección laboral, sin condición alguna, reforzar la aplicación de la ley con inspecciones sorpresa en los lugares de trabajo, sancionar efectivamente a los empleadores abusivos y regular a reclutadores y consultores de inmigración.
Con esto, subrayó que Canadá no puede proclamarse líder en derechos humanos si mantiene políticas sustentadas en la precariedad de los migrantes, porque generará más trabajadores indocumentados, beneficiando a los empleadores quienes obtendrán mano de obra calificada con salarios bajos.
Ante ello, la DM convocó al gobierno de ese país a revisar esta legislación para modificarla y trabajar directamente con migrantes para construir un sistema basado en la dignidad, la igualdad y la justicia, porque Canadá no puede ufanarse de proteger sus derechos, mientras mantiene un sistema que solamente les deja la opción de soportar el abuso o irse.
La organización, está integrada por indígenas mixtecos, triquis, cuicatecos y zapotecos para defender sus derechos como trabajadores en Canadá, así como por migrantes de otras entidades del país.
Aunque también la forman migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia, así como de Cuba, Jamaica, San Vicente, Dominicana, y Santa Lucia.
También defiende los derechos de migrantes de Francia, España, Inglaterra, Ucrania e Irlanda.
