HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca.- Integrantes de la asamblea comunitaria de San Miguel Tlacotepec informaron que a petición de la población realizaron una auditoría al actual ayuntamiento de esta localidad, por lo que se detectó que el edil Pedro Rafael León Camacho, alteró los estados financieros y se desviaron dos millones de pesos.
Miguel Sierra León, integrante de la asamblea, indicó que se contrató un perito externo, quien realizó una auditoría al actual ayuntamiento encabezado por León Camacho, en donde se descubrió que la autoridad local había alterado los estados financieros, pues en una obra de pavimentación de una calle, los costos reales arrojaban 400 mil pesos y estos fueron reportados en 900 mil pesos, y así varias cuestiones, mismas que están comprobadas con documentación.
Destacó que otra alteración son los apoyos otorgados a las cofradías, en donde se había informado que se les había brindado casi medio millón de pesos; sin embargo, las cifras indican que son más de 200 mil pesos, por lo que el resultado de la auditoría fue llevado al Congreso del Estado, en donde siguen a la espera que la Comisión de Gobernación resuelva la destitución del actual cabildo.
Apuntó que desde hace un mes, el presidente de esta comisión, el diputado con licencia, Herminio Cuevas Chávez, se comprometió a resolver dicha petición, por lo que están a la espera de que este órgano responda y se determine qué sucederá en la comunidad.
Sierra León explicó que “el Congreso ya nos dijo que se resolverá tal cual metimos la petición; en este caso es porque lo estamos acusando por dos millones de pesos; todo está comprobado, es por el desvío de recursos, la destitución es inminente, por lo que no hay nada que negociar”.
Dijo que aunque la petición de destitución es contra el edil, en este caso se pedirá que proceda contra todo el ayuntamiento, toda vez que encubrieron a la autoridad local, por lo que se vuelven cómplices del desfalco de este pueblo.
Indicó que la asamblea había determinado que si la autoridad salía responsable del desfalco, esta iría directamente a la cárcel, por lo que además de ser destituida, piden que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes y pueda cumplir en la cárcel el delito del que se le acusa.
Añadió que en caso de que el Congreso del Estado no resuelva de manera favorable la petición que tienen desde el mes de marzo, procederán a evitar la instalación de casillas, pues hasta esta fecha, la comunidad sigue en la misma postura.
Argumentó que “se les metió de manera particular un documento a cada uno de los concejales por ser cómplices de estos actos y el Congreso nos dijo que así lo resolverá, como destitución de todo el cabildo”.
