Ante la omisión del Poder Legislativo federal, Litigio Estratégico Indígena (LEI) promovió el juicio de amparo 44/2026, que quedó radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, para exigir la expedición de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y de las comunidades afromexicanas.
El presidente de la organización, Carlos Morales Sánchez dio a conocer que este recurso legal busca dar cumplimiento al mandato surgido de la reforma al artículo dos de la Constitución Política federal, publicada el 30 de septiembre de 2024, donde se amplío el catálogo de derechos de los pueblos indígenas, como resultado de luchas históricas, procesos comunitarios y demandas colectivas de largo aliento.
Explicó que esta modificación legal tuvo como antecedente la propuesta de iniciativa de reforma constitucional entregada el 28 de septiembre de 2021 por autoridades y representantes del Pueblo Yaqui, en Vícam, Sonora, al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, durante un proceso de diálogo impulsado por los propios pueblos indígenas.
Detalló que la Constitución Política federal dispuso un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión expidiera la ley general e hiciera operativos los derechos reconocidos.
Sin embargo, subrayó que ese plazo venció a finales de marzo de 2025 sin la aprobación de la ley general ante la omisión del Poder Legislativo federal.
Destacó que la ausencia de una ley general impide contar con reglas claras sobre aspectos fundamentales, como la garantía del derecho a intérpretes y traductores para personas indígenas en procesos judiciales y administrativos, la acreditación de la especificidad cultural, la protección del patrimonio cultural y de los conocimientos tradicionales, así como el establecimiento de un régimen de protección del agua de los pueblos indígenas.
De esta manera, resaltó que la ley general constituye el puente entre el reconocimiento constitucional y su aplicación en la vida diaria, pues sin ese marco normativo los derechos carecen de procedimientos, responsables institucionales y mecanismos efectivos de garantía.
Ante ello, dijo que el amparo presentado busca ordenar al Congreso de la Unión cumplir con el mandato constitucional y expedir la legislación correspondiente a fin de convertir los derechos reconocidos en garantías efectivas y exigibles.
