La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la recomendación 19/2025 a la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (SIPCIA), a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (FEMCCO), por violaciones a los derechos a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia en su modalidad de procuración bajo una perspectiva de género, al acceso a la justicia en sede administrativa y a los derechos de las víctimas.
Según el pronunciamiento público, el órgano autónomo abrió el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/0606/(10)/OAX2018 por la publicación de una nota periodística en medios de comunicación sobre el incidente sucedido el 2 de junio de 2018 donde una mujer perdió la vida por disparos de arma de fuego, junto con dos de sus acompañantes, en la ciudad de Juchitán de Zaragoza.
Además, tuvo conocimiento que la FGEO radicó la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.
Una familiar de la víctima compareció ante la DDHPO y expuso que en el trámite de la carpeta de investigación, solicitó al agente del Ministerio Público de la FGEO que el homicidio se investigara como delito de feminicidio o violencia política de género, además de sugerir que se consideraran diversas líneas de investigación, sin que se le informara si habían sido tomadas en cuenta.
Además, detalló que previamente a ser privada de la vida, la víctima se encontraba adscrita a la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), ahora SIPCIA y fue comisionada a realizar actividades en Juchitán de Zaragoza a favor de una campaña política, bajo la pena de perder su empleo.
De esta manera, la DDHPO recibió la queja en contra de la entonces SAI, ahora SIPCIA, y la FGEO por la inadecuada investigación de los hechos al actuar sin perspectiva de género.
Durante la investigación, el órgano autónomo también advirtió irregularidades atribuibles a la FEMCCO, las cuales, en su conjunto, evidenciaron violaciones a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia en su modalidad de procuración bajo una perspectiva de género, así como al acceso a la justicia en sede administrativa y a los derechos de las víctimas.
